Los suicidios superan la media nacional y la Junta ya los reconoce como un grave problema de salud pública

Los tres principales grupos del Parlamento de Andalucía -PP, PSOE y Vox- habían pedido la comparecencia de la consejera de Salud, Catalina García, para informar de las medidas que la Junta está tomando para hacer frente a este problema, que afecta especialmente a jóvenes aunque sus primeras víctimas son los mayores de 65 años.

En 2021 se quitaron la vida en Andalucía 849 personas, de las que 316 tenían entre 15 y 29 años. El 68 por ciento eran varones. Otros 14, el doble que en el año anterior, eran menores de 15 años. De los 5.042 intentos suicidas que se atendieron en la sistema sanitario andaluz durante el año pasado, un 8 por ciento fueron de menores de edad. El suicidio ya es la primera causa de muertes no naturales en la población adolescente. Además la tasa de suicidios en Andalucía (10,28 por cada 100.000 habitantes), supera largamente a la media nacional (8,3).

Estos son algunos de los datos fríos con los que García inició su comparecencia antes de desgranar el plan que la Junta está poniendo en marcha para hacer frente a este problema.

No se trata de un asunto que esté en vías de contención. Todo lo contrario, los suicidios registrados en Andalucía durante 2021 supusieron un 7 por ciento más de los apuntados el año anterior, y los del conjunto de España en ese mismo año fueron los más numerosos de toda la serie histórica desde que en 1906 comenzaron a contabilizarse. La tendencia al alza es en todas las franjas de edad, aunque es entre los mayores de 65 años donde se comprueban los porcentajes más altos, según explicó la consejera.

Para explicar la dimensión del problema, la consejera señaló que los suicidios superan a los fallecimientos por accidentes de tráfico y multiplican por 13 a los homicidios y por 90 a los asesinatos por violencia de género.

Ante todas estas cifras, la consejera reconoció la necesidad de contar con más recursos para afrontar el problema y de comprometer al conjunto de la sociedad en la toma de conciencia y en las iniciativas para afrontarlo.

Su departamento ya impulsa un Programa de Prevención de la Conducta Suicida, que tiene como objetivo reducir la tasa de fallecimientos e implantar medidas para disminuir el sufrimiento de las personas con intentos suicidas y de sus familias y que se enmarca en el impulso a la salud mental que el Gobierno andaluz quiere priorizar en esta legislatura.

Este documento, explicó, ha sido elaborado por un grupo multidisciplinar y «apela al consenso y trabajo colaborativo entre administraciones, entidades y asociaciones que deben aunar esfuerzos para luchar contra esta lacra social».

El programa establece 12 objetivos a alcanzar en el periodo 2023-2026, entre los que figuran mejorar los sistemas de información sobre conducta suicida; intervenir en la restricción de medios letales; fomentar la comunicación responsable sobre conductas suicidas; promover la salud mental y el bienestar emocional; desarrollar formación continuada sobre identificación y abordaje de riesgo de suicidio; impulsar las actuaciones con profesionales de Atención Primaria; identificar y trabajar con grupos de personas en situación de vulnerabilidad; y priorizar las actuaciones en población infanto-adolescente.

A pesar del clima alejado de la confrontación política bajo el que se celebró la mayor parte del debate, los portavoces de los grupos no ahorraron críticas ante lo que consideran escasez de recursos con los que el Gobierno andaluz afronta el problema.

La socialista María Márquez lamentó que el programa expuesto por la consejera carezca de memoria económica, aseguró que el mismo llega tarde en relación a los puestos en marcha por otras administraciones autonómicas y lamentó la falta de una legislación específica en Andalucía.

Benito Morillo, de Vox, también lamentó la insuficiencia de recursos, aunque no se resistió a iniciar su intervención con referencias a la agenda ideológica de su partido y reprochó al resto de formaciones que «quienes defienden el aborto y la eutanasia vengan a defender la vida».

Esperanza Gómez, de Por Andalucía, también aludió a la falta de recursos y se refirió a las demoras en las listas de espera para consultas externas de atención mental, mientras que José Ignacio García, de Adelante, recordó que la espera media para la primera consulta de salud mental en el sistema sanitario público es de más de dos meses y aseguró que un millón de andaluces toman a diario algún tipo de psicofármaco.