La sequía abre un campo fértil para la bronca política

El año pasado, después de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, lanzara desde su atalaya de la mayoría absoluta recién obtenida una propuesta de diálogo a la oposición, el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, respondió con una propuesta de crear este grupo de trabajo. Perseguía poner a prueba la sinceridad de la oferta, pero el PP no se dejó atrapar en una contradicción nada más comenzar la legislatura y aceptó el envite.

La comisión funcionó durante todo este tiempo con el secretario general del Partido Popular de Andalucía, Antonio Repullo, como presidente, periodo durante el cual desfiló por el Parlamento una treintena de expertos y no se levantó demasiado ruido.

La polémica surgió a último momento, cuando llegó la hora de acordar unas conclusiones que puedan incorporarse como estrategia para afrontar el problema que la propia Junta de Andalucía reconoce como el más grave que sufre la comunidad autónoma.

Repullo, como presidente de la comisión, trasladó a los diferentes grupos una propuesta como base para la elaboración de las conclusiones y en el PSOE entendieron que había llegado el momento de recuperar el protagonismo perdido en una iniciativa que originalmente había sido suya.

Lejos de dar por buena esta propuesta, optaron por convocar a la prensa para criticarla, asegurar que apenas ha tenido en cuenta las opiniones de los expertos y proponer como alternativa una batería de 25 medidas que se centran en la cogobernanza con los ayuntamientos, mancomunidades y diputaciones, además de apoyo económico y técnico a los municipios y al sector agrario, con el que, en su opinión, deberían desarrollarse planes de empleo.

Esta propuesta alternativa socialista supone además una enmienda a la totalidad a la política de agua impulsada por la Junta de Andalucía, administración que, según el parlamentario del PSOE-A Rafael Márquez, se ha dejado sin ejecutar desde 2019 hasta ahora más de mil millones de euros del presupuesto que tenía adjudicado para este fin.

En sus críticas a la política anti sequía de la Junta, los socialistas incluyeron la proposición de ley de regadíos de Doñana -cuya tramitación se encuentra actualmente congelada- y la suspensión durante el actual ejercicio del cobro del canon del agua, un «alarde de populismo» que los nuevos Presupuestos de la Junta dejarán sin efecto.

La mención a la ley de Doñana en la relación de críticas a la política de agua de la Junta causó, por extemporánea, sorpresa en el PP porque llega en un momento en el que el Gobierno de España y el andaluz están inmersos en una negociación para dejar atrás el problema y cuando el delegado del Gobierno en Andalucía mostró públicamente su confianza en que más temprano que tarde se alcance un acuerdo.

Pero más allá de ese asunto en concreto, en el Partido Popular consideran que el PSOE ha elegido reventar un grupo de trabajo que se creó a petición propia y como respuesta a una oferta de diálogo trasladada desde el Gobierno andaluz.

Desde el PP recordaron que fue el PSOE el que pidió este grupo de trabajo, por lo que no se entiende ahora que digan que es ineficaz. En una nota, los populares añadieron que lo primero que deben hacer los socialistas «es valorar el trabajo que se está haciendo desde el Gobierno andaluz contra la sequía y después dejar de ponerse de perfil y pedirle a Sánchez que ejecute las 30 obras pendientes en Andalucía».

Lamentaron en ese sentido que el PSOE de Andalucía opte por «levantar los muros» que les ha pedido Sánchez en lugar de apostar por el diálogo y el entendimiento.