Septiembre caliente

Desde 2018, cuando el Parlamento de Andalucía aprobó con un amplio consenso una iniciativa que reclama un nuevo sistema de financiación, gran parte del debate sobre este asunto ha estado centrado en las necesidad de compensar a esta comunidad, una de las cuatro junto a la Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla La Mancha que reciben menos recursos por habitante que la media española. En el caso de Andalucía, el agujero se estima en 1.500 millones de euros anuales.

Aquella iniciativa, aprobada antes del cambio político materializado en las elecciones autonómicas de diciembre de 2018 y bajo el impulso de la entonces consejera de Hacienda y actual vicepresidenta del Gobiero, María Jesús Montero, reclamaba la creación de un fondo de nivelación transitorio que situara a Andalucía en pie de igualdad con el resto de comunidades hasta tanto se afronte la aprobación de un nuevo sistema de financiación.

El Gobierno de Juanma Moreno asumió ese reclamo, cifrado en 1.500 millones de euros anuales, como su principal reivindicación frente al Ejecutivo central, con Montero ahora en una postura diametralmente opuesta a la que mantenía cuando estaba al frente de la hacienda andaluza.

El acuerdo para la investidura de Salvador Illa alcanzado entre el Partido de los Socialistas Catalanes (PSC) y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y que fija para la comunidad catalana un sistema de financiación singular en la línea de un concierto –una agencia tributaria catalana recaudaría el 100% de sus impuestos para, una vez cubiertas sus necesidades, aportar a la caja común una cantidad no determinada en concepto de 'solidaridad'- ha situado el debate en un plano totalmente diferente. Para la Junta ya no se trata sólo de reclamar un trato igualitario con el resto de las comunidades, sino de evitar la ruptura de la caja común que nutre al conjunto del sistema. Las circunstancias han conducido a Andalucía de una posición ofensiva –intentar conseguir mejores condiciones de financiación- a una defensiva –impedir una ruptura del modelo que la llevaría a una situación todavía peor-.

Tras conocerse el acuerdo, se estimó que su aplicación supondría para la hacienda catalana un incremento de 30.000 millones de euros en sus ingresos que se detraerían de la caja común, lo que supone cerca de un 20 por ciento del total. Según un estudio de FEDEA, con este detraimiento de los recursos el sistema de financiación autonómico perdería entre 6.000 y 13.000 millones de euros.

De los 47.000 millones de euros que suman el envolvente aproximado del presupuesto anual de la Junta de Andalucía, unos 26.000 millones provienen del sistema de financiación autonómica, lo que supone un 17,5 por ciento de la cantidad que se reparte entre todas las comunidades. Ello permite aproximarse a cuál sería el perjuicio que sufriría esta comunidad, aunque los expertos advierten de que la complejidad del sistema no permite establecer una relación directa ni calcular con exactitud el alcance de ese quebranto.

En todo caso, sobre lo que no existen dudas es que la polémica sobre el acuerdo para la investidura de Illa y su repercusión en la ya mermada financiación de Andalucía centrará la mayor parte de la agenda política en el curso que comienza.

Este cambio en el modelo de financiación, además de centrar la confrontación entre las fuerzas políticas, ha abierto también un debate interno en el seno del PSOE que su secretario general, Pedro Sánchez, intentará zanjar en Andalucía. Sánchez ha decidido adelantar en un año la convocatoria del 41º Congreso Federal del partido, que finalmente se celebrará en Sevilla entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre, en lo que será uno de los puntos altos del curso político que ahora comienza.

La polémica de la financiación también tendrá repercusión interna en el socialismo andaluz. A diferencia de otras federaciones territoriales, el PSOE-A ha estado lejos de mantener una postura crítica con el acuerdo para la llamada 'financiación singular' para Cataluña. Tanto el secretario general, Juan Espadas, desde su puesto de portavoz socialista en el Senado, como la persona a la que se mencionaba como su posible recambio en Andalucía, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se han convertido en activos valedores del pacto. De momento no hay figuras que se hayan destacado en la crítica, lo que limita seriamente las expectativas electorales del PSOE en la comunidad.

La otra gran cuestión que ha adquirido protagonismo en el arranque del nuevo curso político es la crisis migratoria. La situación límite que se vive en Canarias ha situado a Andalucía en un segundo plano, hasta el punto de que su condición de territorio de frontera no está oficialmente reconocido, ya que el Gobierno sólo reconoce esa condición al citado archipiélago y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Sin embargo, el flujo de llegadas a esta comunidad no ha remitido y la capacidad de la Junta para el acogimiento de menores se está viendo desbordada.

Andalucía cuenta con 645 plazas específicas para atender a menores migrantes, que el año pasado a estas alturas estaban cubiertas en un 60 por ciento. Ahora la ocupación ya sobrepasa el 115 por ciento, ya que la comunidad se ve obligada a acoger no sólo a quienes llegan a las costas andaluzas y a quienes recibe en solidaridad con los territorios más saturados, sino también a migrantes que el Gobierno envía a Andalucía bajo la suposición de que son adultos –en cuyo caso la Junta no está obligada a hacerse cargo- y que posteriormente se determina que aún no han alcanzado la mayoría de edad.

Ante esta situación, la prioridad del Gobierno andaluz es que se reconozca oficialmente la condición de territorio de frontera de la comunidad.