La sentencia de los ERE sobre Chaves y Griñán no saldrá hasta después de las elecciones del 10N

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, ya previno a los periodistas en una reciente visita a Sevilla de la dificultad que entraña la deliberación y redacción de la sentencia de este juicio, que se desarrolló durante 152 sesiones y en el que se piden penas de inhabilitación para los 21 excargos socialistas juzgados y cárcel para 14 de los procesados, entre ellos el expresidente Griñán. En el juicio se llegaron a grabar 686 vídeos.

Calle Peña en su escrito a la sala de gobierno del alto tribunal andaluz avanza que lo que resta es ultimar la confección informática de la sentencia. Añade que ya están completados más de 50 archivos, redactados con carácter individual, donde se recogen diferentes hechos probados y fundamentos de derecho, siendo imprescindible la integración informática correlativa, siguiendo un orden congruente de esos archivos individuales, que configurarán la sentencia final. Una vez integrado el documento, será imprescindible su revisión completa. En esta labor también cuentan las otras dos magistradas del tribunal, Encarnación Gómez Caselles y Pilar Llorente. Por ello, añade el comunicado del TSJA, este entiende «razonable» la solicitud expuesta por el magistrado Peña y aprueba los 15 días adicionales. El TSJA ya ha otorgado varias prórrogas al magistrado para la deliberación y redacción del fallo.

Se trata de la sentencia más esperada en Andalucía por su alcance político, ya que toca de lleno más de una década de gobiernos socialistas en la gestión de ayudas sociolaborales a empresas en crisis que permitieron la prejubilación de más de seis mil trabajadores. El juicio puso el foco en 680 millones de euros concedidos desde 2001 a 2009 concedidos de forma ilegal, según la acusación. El tribunal deberá dilucidar si hubo o no prevaricación en el uso del procedimiento específico de las transferencias de financiación para el pago de estas ayudas sin fiscalización previa a través de una agencia pública, IFA-IDEA. Las acusaciones, Fiscalía y PP, consideran que era un sistema opaco para otorgar ayudas de forma discrecional con un objetivo de clientelismo político; También si hubo malversación de caudales públicos por las modificaciones presupuestarias para engordar el fondo de la partida 31L destinada a estas subvenciones.

Las defensas argumentaron en contra de los delitos considerando que se trata de penalizar la gestión política. Esgrimieron que el sistema de pago de las ayudas y estas venían reflejados en los presupuestos de la Junta aprobados como leyes por el Parlamento y eran conocidos por todos los diputados. También se acogen a que nunca hubo informes de alerta de la Intervención de menoscabo de fondos públicos. Una gran característica del llamado mayor caso de corrupción en Andalucía es que ninguno de los procesados políticos están acusados de haberse enriquecido con las citadas ayudas.

La acusación de malversación afecta a 14 de los 21 procesados y conlleva penas de cárcel de seis a ocho años. A Griñán la Fiscalía pide seis años de cárcel y 30 de inhabilitación por su responsabilidad siendo consejero de Hacienda entre 2004 y 2009; mientras que para Chaves, diez de inhabilitación, los mismos que para los exconsejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez, esta también ministra de Fomento en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. También se sentaron en el banquillo los exconsejeros de la Junta Carmen Martínez Aguayo, José Antonio Viera, Francisco Vallejo y Antonio Fernández. Este sufrió varios meses de prisión preventiva, lo mismo que el exdirector general de Trabajo Javier Fernández, a quien se le atribuye que apodara como «fondo de reptiles» a la partida de los ERE en una de sus primeras declaraciones ante la Policía. La Fiscalía pide cárcel para él y también para sus jefes políticos en Empleo.

La investigación del 'caso de los ERE' comenzó en enero de 2010 como diligencias nuevas del 'caso Mercasevilla', cuando se destapó que hubo intrusos en el listado de un expediente de regulación de empleo (ERE) del mercado mayorista de Sevilla. La instrucción corrió a cargo de la jueza Mercedes Alaya hasta 2015 cuando esta fue ascendida a magistrada de la Audiencia de Sevilla. Su sucesora, María Núñez Bolaños, decidió a petición de la Fiscalía la división en piezas de la causa, resultando hasta la fecha unas 180. El fallo será decisivo en posteriores juicios de estas piezas, ya que en algunos aspectos podría sentar jurisprudencia.

El caso tuvo consecuencias políticas duras para el PSOE, aunque este partido no llegó a perder el poder en la Junta por ello. Supuso un epílogo amargo para la carrera política de destacados dirigentes socialistas, como Manuel Chaves, 19 años al frente de la Junta, ministro con Felipe González y vicepresidente con Rodríguez Zapatero. Chaves dimitió como diputado ante la presión de Cs en 2015 para dejar gobernar a Susana Díaz. Griñán, que le sucedió al frente de la Junta en 2009, dimitió como presidente en 2013 cuando su nombre fue apuntado por la jueza Alaya en varios autos. Luego también fue pieza de caza de Cs para dejar gobernar a Díaz exigiendo su renuncia al acta de senador por la Comunidad Autónoma. Por la presencia de ambos en las cámaras estatales, el caso llegó a estar en el Tribunal Supremo por algo más de un año, tiempo en el que los expresidentes declararon como investigados a petición propia. El instructor del Supremo llegó a acusar a Griñán de prevaricación, pero no de malversación. Para las partes de esta famosa causa, será el Supremo el que determine en última instancia la responsabilidad penal si la hubo de los acusados.