La UE sancionará al Gobierno si sigue sin proteger Doñana

La Comisión Europea amenaza al Gobierno de España con denunciar ante la Justicia la desprotección que sufren los humedales de Doñana ante la ausencia de medidas que corrijan esta situación, poniendo de relieve el incumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obliga precisamente a la adopción de dichas medidas.

Bruselas insta a España a que cumpla con rapidez y eficacia la citada sentencia ya que hasta ahora «no se ha garantizado una gestión sostenible de las masas de agua subterránea que alimentan los humedales y tampoco ha actuado para detener el posterior deterioro de los hábitats naturales protegidos en varios espacios Natura 2000 designados por las autoridades españolas alrededor y dentro del Parque Nacional de Doñana».

Por ello, la UE ha iniciado un expediente de infracción contra España por persistir en el incumplimiento de esta sentencia y ha advertido de que si en el plazo de dos meses no pone remedio estudiará elevar el caso de nuevo a la Justicia europea para reclamar una multa, ya que se ha constatado que las medidas tomadas hasta ahora son «insuficientes» para corregir las irregularidades.

El Gobierno de España tiene ahora dos meses para presentar sus observaciones que, una vez examinadas, la Comisión podrá llevar de nuevo el caso ante el Tribunal europea y pedir sanciones económicas para España.

Las organizaciones ecologistas pidieron ayer que se adopten medidas que refuerzan la protección de los recursos hídricos de Doñana, como SEO/BirdLife que denunció la «situación de peligro de desaparición del humedal y la necesidad de una respuesta más eficaz» para proteger este espacio patrimonio de la Humanidad.

Por su parte, la organización WWF solicitó a la Junta y al Parlamento andaluz que retiren la «amnistía a regantes ilegales» de Doñana en relación a la propuesta de ley para regularizar regadíos en la zona de la Corona Norte del parque que planteó Juanma Moreno antes de las elecciones con el apoyo de Vox y Ciudadanos.

Según WWF, «el aviso de Bruselas es muy grave, y que podría llevar a España ante el Tribunal Europeo e imponer sanciones millonarias, que la ciudadanía acabaremos pagando de nuestros bolsillos, por proteger a regantes ilegales».

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