Sánchez Gordillo se enfrenta otra vez a la Justicia, ahora por no convocar plenos

A través de un auto emitido el pasado 25 de enero y recogido por Europa Press, el Juzgado mixto número dos de Estepa se hace eco de la denuncia del Grupo socialista del Ayuntamiento de Marinaleda, acordando la apertura de diligencias previas al entender que los hechos denunciados «presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal». A la hora de abrir tales diligencias previas, el juzgado ordena citar al PSOE el día 13 de febrero en su condición de parte denunciante, disponiendo además «oír a Juan Manuel Sánchez Gordillo en calidad de investigado» el próximo 15 de febrero.

En octubre, el portavoz socialista del Ayuntamiento de Marinaleda, Mariano Pradas, elevaba a la Fiscalía de Sevilla una denuncia contra Sánchez Gordillo, por no convocar adrede ningún pleno ordinario entre enero y septiembre de 2017, pese a que había sido acordado celebrar sesiones ordinarias al final de cada trimestre. Por aquel entonces, mientras el PSOE atisbaba presuntos delitos de prevaricación omisiva y contra los derechos individuales, el alcalde de Marinaleda manifestaba a Europa Press que durante dicho periodo había convocado plenos «extraordinarios» tratados como plenos «ordinarios», al ser permitidos «ruegos y preguntas».

Después, a mediados de enero, los socialistas de Marinaleda formalizaban esta nueva denuncia, aunque ante los juzgados de Estepa. En su denuncia, recogida por Europa Press, el PSOE de Marinaleda recuerda que en el pleno de organización celebrado a comienzos del mandato en curso fue acordado un régimen de sesiones ordinarias al final de cada trimestre natural, extremo incumplido «de manera continuada» por el alcalde.

Según el PSOE, el último pleno ordinario habría sido convocado «en diciembre de 2016», con lo que no ha sido cumplida «la periodicidad acordada» y el Ayuntamiento sólo ha celebrado «sesiones extraordinarias y urgentes». «El alcalde conoce el incumplimiento de la periodicidad de las sesiones ordinarias», señalan los socialistas, que atisban una «limitación» de sus derechos fundamentales y civiles. A tal efecto, la denuncia elevada a los juzgados de Estepa atribuye a Sánchez Gordillo presuntos delitos de prevaricación administrativa continuada y contra los derechos individuales. Ssegún el PSOE, Sánchez Gordillo «omite reiteradamente» su obligación de convocar un pleno ordinario al final de cada trimestre natural, «a sabiendas de su clamorosa y grosera ilegalidad» y generando una «indefensión» a la oposición al «obstaculizar» su labor de fiscalización y control.