Ribera ahonda su pulso con la Junta, ahora por un proyecto urbanístico cerca de Doñana

Se trata de una macrourbanización con 300 villas de lujo, hoteles y campo de golf que afecta a un humedal desecado. El proyecto no es nuevo. Ya en 2003, el Ayuntamiento de Trebujena, gobernado históricamente por Izquierda Unida, comenzó a promover una modificación de su Plan General de Ordenación Urbana que permitiría urbanizar la zona. Tanto la organización andaluza de la formación de izquierdas como el actual alcalde se oponen a este proyecto, según fuentes de IU, aunque la tramitación para el cambio urbanístico no se ha detenido desde que en 2017 el Consistorio iniciara su tramitación ante la Junta de Andalucía.

La polémica ha surgido ahora porque en la tramitación de esa modificación urbanística, la Junta de Andalucía ha emitido un Declaración Ambiental Estratégica que avala ese cambio. Según el Gobierno andaluz, esa declaración favorable obedece exclusivamente a criterios técnicos y es consecuencia de cinco informes positivos obrantes en el expediente. No obstante, este aval está aún pendiente de un informe de inundabilidad que tiene que emitir la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que depende ministerio de Teresa Ribera.

La vicepresidenta aprovechó este miércoles la aprobación de ese informe para acusar al Gobierno andaluz de ser el impulsor del proyecto y advertir de que no hay disponibilidad de agua en la zona. «No entiendo cómo es posible que la Junta de Andalucía haya tomado esta decisión tan absurda -dijo Ribera- la Confederación (en relación a la Confederación Hidrógráfica del Guadalquivir) se lo hará saber».

Ribera enmarcó esas críticas en la polémica que viene manteniendo con el Gobierno andaluz por el proyecto para la regularización de regadíos en la corona norte de Doñana y recordó que el Gobierno está en un proceso de sustitución de agua del acuífero por agua de superficie y que además hay un programa de compra de fincas y derechos de agua que permita reducir la presión que se ejerce sobre Doñana.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, respondió a estas críticas advirtiendo de que en la zona aún no hay nada construido y remarcó que se está expensas de lo que diga Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. «Eso no lo decide la Junta de Andalucía, no soy competente», dijo el presidente, que recordó que la Administración autonómica se limitó a realizar un trámite relativo a la ordenación del territorio. «Corresponde al Estado decidir si hay agua o no hay agua», dijo antes de señalar que se trata de un proyecto urbanístico que «inició un ayuntamiento de izquierdas», al que situó como «compañeros de ideología, comunistas como ella», en referencia a la vicepresidenta y ministra Teresa Ribera.