La «revolución» en la administración andaluza supondrá modificar 53 leyes y otras 123 normas

La medida, la cuarta en este sentido que se aprueba desde la llegada del Partido Popular a la Junta de Andalucía y, con gran diferencia, la más ambiciosa de todas, fue aprobada este martes por el Consejo de Gobierno, 24 horas después de que el presidente, Juanma Moreno, la anunciara en un desayuno informativo con empresarios celebrado en Madrid. El Ejecutivo aspira a convertirse a Andalucía en el territorio más atractivo de España para la inversión y este decreto apunta en ese sentido.

Las previsiones del Gobierno andaluz son que el decreto consiga su convalidación en el Parlamento en el pleno previsto para el 21 o 22 de este mes o, como muy tarde, en el de la primera semana de marzo, pero su entrada en vigor no tendrá que esperar hasta entonces. Sólo a que la norma, con sus 450 medidas y más de 600 páginas, se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

¿Cuándo será eso? Todavía no se sabe, según reconoció el consejero Antonio Sanz, debido a la extensión de la norma. No es fácil encontrar el antecedente de un decreto con semejante volumen.

Lo que sí se sabe es que se trata de un decreto que tiene por objetivo revolucionar a la administración andaluza y cuya entrada en vigor supondrá la modificación de 53 leyes, 95 decretos y 28 órdenes. El texto incluye 33 disposiciones derogatorias que suprimen órganos, comisiones interdepartamentales y consejos que estaban duplicados. «Seguramente jamás se ha hecho una norma tan potente», dijo Sanz, en cuya consejería se incluye específicamente la competencia de Simplificación Administrativa.

El decreto, que afecta todas las áreas de la administración andaluza, incorpora como criterios generales una ampliación del silencio positivo –con el que se obtiene la autorización administrativa cuando esta no ha sido denegada transcurrido un plazo- y de las declaraciones responsables, que se controlan a posteriori, en reemplazo de las autorizaciones previas. Según Sanz, en ningún caso la ampliación de estas figuras supondrá una merma de la seguridad y del control de los procesos administrativos, ni tampoco de las garantías existentes.

A diferencia de los dos primeros decretos de simplificación administrativa, que estaban dirigidos casi exclusivamente a impulsar la actividad económica, y del tercero, que se centraba en la tramitación de fondos europeos, este es más ambicioso, ya que se enfoca en tres direcciones: garantizar derechos ciudadanos acelerando el acceso a prestaciones y la obtención de permisos y licencias, impulsar la actividad económica y mejorar la gestión, con un plan que pone el énfasis en la digitalización. Se prevé que con la aprobación de este decreto, que constituye el núcleo del plan Andalucía Simplifica, las cerca de mil aplicaciones móviles utilizadas actualmente por la Administración autonómica quedarán reducidas a menos de cien.

Se trata, según Sanz, de «la piedra angular de la nueva Junta de Andalucía» que acabará con la complejidad normativa, la maraña administrativa, los procedimientos farragosos, las duplicidades y la lentitud en la tramitación.