Juanma Moreno y Alberto Núñez Feijóo reclaman que el nuevo sistema de financiación se pacte con todas las autonomías

Moreno se ha reunido este viernes en el Palacio de San Telmo con el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y ambos han firmado un comunicado conjunto en el que señalan la urgencia de revisar el sistema por el que se dota de recursos económicos a las comunidades y donde reclaman, además, que esta revisión sea objeto de negociación bilateral entre el Gobierno central y alguna comunidad, en clara referencia a Cataluña.

Se trata de la tercera reunión que el presidente andaluz mantiene con otros dirigentes de comunidades autónomas para abordar este problema tras haberlo hecho con el valenciano Ximo Puig y el murciano Fernando López Miras. Lo novedoso del encuentro con Núñez Feijóo es que a diferencia de la Comunidad Valenciana y Murcia, Galicia no se encuentra entre las comunidades que reciben menos recursos por habitante que la media española.

Esta diferencia de partida entre Galicia y Andalucía ha quedado reflejada en la declaración institucional firmada por ambos presidentes, que se limita a reclamar un nuevo sistema y que éste no sea objeto de negociación bilateral entre el Estado y una sola comunidad, en clara referencia a Cataluña. Mientras que de los encuentros de Moreno con los presidentes valenciano y murciano salieron declaraciones en la que se citaba el problema de la financiación como el primero y más importante de los puntos tratados, de la reunión con Núñez Feijóo salió un documento conjunto en el que se citan 14 asuntos, incluidos la pesca, el turismo, los incendios forestales y el reparto de los fondos europeos, entre otros. La necesidad de reformar el sistema de financiación figura en el punto 13 de la declaración.

En el documento se señala que deben corregirse los déficits de financiación que presenta el modelo actual con la incorporación de mayores recursos al sistema y, específicamente, la evaluación del gasto sanitario tanto en el presente como en el futuro.

En la comparecencia conjunta posterior, Núñez Feijóo omitió valorar la reclamación de las tres comunidades infrafinanciadas de que se cree un fondo de compensación para nivelar de manera provisional los recursos que cada una recibe por habitante. El presidente gallego indicó que su comunidad se encuentra en la media de financiación por habitante ajustado.En lo que sí hicieron hincapié ambos presidentes fue en la necesidad de que la reforma del sistema sea el fruto del «consenso respetuoso» con las legítimas demandas de todas las comunidades y sirva para garantizar servicios equitativos a todos los españoles, independientemente de su lugar de residencia.

Núñez Feijóo será anfitrión en los próximos días de una cumbre de presidentes de ocho comunidades autónomas -Galicia, Castilla y León, Castilla La Mancha, Aragón, Extremadura, La Rioja, Cantabria y Asturias- que sufren el problema de la despoblación y que reclaman que la financiación ponga el acento en el coste añadido de prestar servicios a pocos habitantes disgregados en el territorio. Estas comunidades suponen el 55 por ciento de la extensión territorial de España y albergan sólo en torno al 20 por ciento de la población.

Además de exigir que el nuevo sistema sea fruto del consenso y no de negociaciones bilaterales entre el Gobierno central y una sola comunidad, ambos presidentes coincidieron también en tres aspectos en los que a su juicio tiene que basarse el nuevo sistema de financiación: que debe fundarse en el principio de igualdad de los españoles, que se debe garantizar la prestación de los servicios públicos fundamentales (sanidad, educación y políticas sociales) de manera equitativa, y que el destino de la caja común de todos los españoles se debe decidir entre todos. «La multilateralidad no puede ser derogada por una bilaterialidad», dijo Núñez Feijóo, que recordó que el actual sistema es fruto de un acuerdo entre el Gobierno central presidido por José Luis Rodríguez Zapatero y el tripartito que gobernaba entonces la Generalitat de Cataluña.

Moreno reivindicó el papel jugado por Andalucía como «dique de contención y de equilibrio frente a los privilegios» y para cortar el paso a la España de dos velocidades.