Retratos de época

El acuerdo firmado entonces con un fondo de inversión –alguien debería explicar alguna vez por qué algunos fondos se apellidan 'de inversión' y otros son apodados 'buitre'- se hizo mediante la modalidad de Sale & Lease back ( venta con arriendo posterior). Es decir, la Junta cedía la propiedad de los inmuebles pero los seguía ocupando a cambio del pago de un alquiler.

Podría concederse que la operación podría justificarse en las necesidades financieras que la Junta atravesaba en aquella época, pero un repaso a las cifras dificulta al extremo llegar a cualquier posibilidad de explicación lógica. La Junta vendió los edificios –imprescindibles para su funcionamiento, ya que se trata de dependencias en las que trabajan más de 8.500 empleados- en 300 millones de euros, pero se comprometió a pagar el alquiler en una condiciones que hacían que en apenas la primera década la liquidez obtenida se esfumara y en la siguiente se produjera un quebranto igual o superior a los fondos obtenidos con la venta.

Entre 2014, año de la venta, y el presente ejercicio, la Junta abonó a los nuevos propietarios 278 millones de euros, es decir una cantidad prácticamente igual a la obtenida por la enajenación de los inmuebles. Pero es que en la década subsiguiente, hasta el vencimiento del contrato de arrendamiento en 2034, debía pagar una cantidad aún superior hasta alcanzar un total de 700 millones. Es decir, que al término del contrato la Administración andaluza habría desembolsado el doble de lo obtenido y además se quedaría sin los edificios, por lo que se vería obligada a buscar una alternativa.

Pero es que, además, hay otras cláusulas de aquel contrato que resultan incomprensibles. Los gastos de mantenimiento y de comunidad, cuando los hubiere, a cargo del inquilino; una cláusula suelo en el aumento anual del precio de los alquileres, que subirían al menos un 1,5% cada año aunque el IPC estuviese por debajo o fuese negativo (como sucedió algunos años); un compromiso para que las diferencias entre ambas partes se dirimieran en la jurisdicción de Londres. ¿Tan acuciante era la necesidad de recursos inmediatos como para dejar esa herencia?

Aquella operación, firmada por la entonces consejera de Hacienda, María Jesús Montero, y nunca suficientemente explicada, puede resultar suficiente para describir una época en la que los responsables de la Junta creían que, hicieran lo que hicieran, nunca tendrían que rendir cuentas y que lo importante era superar las dificultades presentes sin pensar en el futuro. El presidente, Juanma Moreno, que el lunes presentó el acuerdo por el que la Junta recupera estos edificios mediante una adquisición que supondrá una inversión de 328 millones de euros, atribuyó esta operación a una única causa: la desidia.

Es verdad que ahora, con un marco económico muy diferente al de entonces, la Junta dispone de los fondos necesarios para recuperar los inmuebles. Eso también es un retrato de época.