El reparto de la recaudación del impuesto a la banca vuelve a dejar a Andalucía a la cola

Un estudio realizado por la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos con datos del INE concluye que la comunidad andaluza recibiría, de acuerdo a los datos de 2022, unos 227 millones de euros, 76 millones menos de lo que le correspondería si esos recursos se distribuyeran según el peso poblacional. Se trata, según la consejera y portavoz de la Junta, Carolina España, un nuevo agravio del Gobierno a Andalucía.

La distribución según el tamaño de la economía de cada comunidad, que ya fue pactada por el Ejecutivo central con sus socios parlamentarios, supondrá que la Comunidad de Madrid recibirá 48,85 euros por habitante; el País Vasco, 45,28 euros por habitante y Cataluña, 41,26 euros por habitante. En contraste, a Andalucía llegarían 26,72 euros por habitante, muy por debajo de las economías más potentes y nueve euros menos que la media, estimada en 35,70 euros por habitante.

Con este reparto, a la comunidad andaluza sólo le correspondería un 13,40 por ciento del total recaudado cuando su peso poblacional es del 17,9 por ciento. Además de Andalucía, también quedan por debajo de la media las otras tres comunidades perjudicadas por el actual modelo de financiación autonómica -Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla La Mancha-, con lo que con este nuevo impuesto la brecha de acceso a recursos derivada del actual sistema, lejos de reducirse, se ahondaría.

Tras repasar estos datos, España llamó la atención sobre la contradicción que supone imponer un nuevo impuesto -creado de manera provisional para afrontar la recuperación tras la pandemia pero que ahora se establece como definitivo- con el argumento de que quienes más tienen deben ser los que más aporten para a continuación hacer el reparto de lo recaudado dando más a las economías más ricas. «El progresismo ha desaparecido por completo», lamentó la consejera.

Para España, con el reparto pactado, Pedro Sánchez «agrava sus agravios» a Andalucía. Por ello, pidió a los socialistas andaluces que encuentro un hueco en el congreso federal del PSOE, que se celebra este fin de semana en Sevilla, para exigir al presidente del Gobierno que se haga justicia con Andalucía. «Tenemos muy claro que o se defiende a Sánchez o se defiende a Andalucía, porque cada vez son más incompatibles ambas cosas», dijo tras llamar la atención sobre el papel que está jugando la ministra de Hacienda, la andaluza María Jesús Montero.

Pero no se trata sólo de la forma en que se repartirán estos fondos, según la consejera, que censuró la imposición del gravamen porque a su juicio supone un peldaño más en una política de asfixia fiscal que sitúa la presión por encima de la media europea y que en el caso del impuesto a la banca va a afectar al crédito de las pymes y de los autónomos andaluces. «Están ahuyentando a la inversión y se está creando un situación de incertidumbre», afirmó.

La consejera también se refirió a la otra medida fiscal aprobada por el Gobierno, la que grava los ingresos de las energéticas, para insistir en que pone en riesgo una proyecto estratégico para Andalucía, como es el del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, que supondrá una inversión de 5.000 millones de euros y unos 10.000 empleos. Este proyecto, que ya estaba avanzado, está paralizado por la incertidumbre de las empresas de energía sobre este tributo.

Además, recordó que se trata de un impuesto que al incluirse en el sistema foral el Gobierno vasco podrá bonificar en su territorio, algo que no podría hacer la Junta, por lo que se convierte en una nueva situación de discriminación. España adelantó que la Junta dará la batalla contra esta situación tanto en el ámbito judicial como el político y el social. “Estamos hablando del futuro de nuestra tierra”, afirmó.