El reparto de los fondos del acuerdo de Doñana nace con la amenaza de un conflicto entre ayuntamientos

La materialización del pacto, trabajosamente alcanzado después de más de dos meses de negociaciones entre ambas administraciones, ha demostrado, tan pronto como se ha puesto en marcha, que el camino a recorrer será complejo y no estará exento de polémicas.

Almonte, el municipio cabecera de la comarca más afectada, es una de las cinco localidades de la corona norte de Doñana incluidas inicialmente en el conflicto por la situación irregular de centenares de explotaciones de frutos rojos que quedaron sin derecho a agua con la ordenación aprobada en 2014. Los otros cuatro son Bonares, Moguer, Rociana del Condado y Lucena del Puerto. Estos cinco municipios eran los incluidos en la proposición de ley impulsada por el PP en el Parlamento de Andalucía para regularizar regadíos para cuya desactivación se iniciaron las conversaciones entre la Junta y el Gobierno,

En el acuerdo finalmente alcanzado se aprobó que la Administración general del Estado destinaría 350 millones de euros para la reconversión de la agricultura de la zona, con ayudas directas a quienes opten por reforestar, conviertan regadíos en secano o adopten la agricultura ecológica.

Pero el pacto amplió el área afectada con la incorporación de otros nueve municipios, algunos de fuera de la provincia de Huelva: Palos de la Frontera, Bollullos Par del Condado, Hinojos, Pilas (Sevilla), Villamanrique de la Condesa (Sevilla), La Puebla del Río (Sevilla), Aznalcázar (Sevilla), Isla Mayor (Sevilla) y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

El pasado martes, once de estos 14 municipios pactaron una propuesta de reparto de los fondos. Quedaron fuera Almonte, Hinojos y Sanlúcar. Este lunes, coincidiendo con la apertura de la oficina técnica –primer paso para iniciar el proceso para la asignación de los fondos-, el alcalde almonteño, Francisco Bella, lanzó un comunicado con duras críticas contra el Ministerio de Transición Ecológica y el anuncio de que pediría la intervención de las autoridades comunitarias. Gran parte de los fondos de los que se nutre este plan procede de programas comunitarios.

Bella, un ex socialista que ahora gobierna como independiente, criticó lo que considera dejadez y falta de estrategia por parte del Ministerio, que a su juicio ha provocado una seria controversia al equiparar a «municipios que aportan más del 75 por ciento de la biodiversidad del Parque Nacional, con municipios que, aún todos juntos, apenas contribuyen«. »Poner al mismo nivel en este acuerdo a Palos de la Frontera con Hinojos, o Bollullos del Condado con Almonte, por ejemplo, es calificada como una torpeza sin precedentes«, sostiene el comunicado.

Bella arremetió contra su anterior partido y dijo que si esto fuese producto de un acuerdo entre militantes socialistas, «Doñana estaría a punto de recibir una sentencia de muerte«. Y lanzó en ese sentido la advertencia de que si se mantiene esta situación, los vecinos »podrían volverse en contra del parque, agrediéndolo como han hecho los que ahora pretenden cobrar más de lo justo«.