Los grupos que presentaron recurso en el TC contra la LISTA lo retirarán si hay cambios en la ley

El recurso contra la LISTA fue presentado el año pasado ante el Tribunal Constitucional por 50 diputados en las Cortes Generales. Impulsado por Unidas Podemos, se sumaron diputados de Esquerra Republicana, Más País, Compromís y Nueva Canaria hasta alcanzar ese número del medio centenar. El texto fue admitido a trámite y está a la espera de su resolución por el Constitucional

Ese recurso se sumó a otro, presentado por el Ejecutivo central, que aludía a una posible invasión de competencias estatales y fue retirado después de que la Junta y el Gobierno alcanzaran un acuerdo tras reunirse una comisión técnica bilateral que zanjó las diferencias.

Las modificaciones a la ley obligadas por este acuerdo han sido incluidas en un decreto-ley que ya ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta y que será refrendado en el próximo pleno del Parlamento autonómico. Se trata, según explicó la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, de cambios técnicos que no afectan a los aspectos sustanciales y novedosos de la ley.

En total, se reformarán 42 artículos, además de la Disposición Final quinta y la Disposición Adicional novena que la Administración del Estado entendía que invadían sus competencias. En todas ellas la Junta ha aceptado la prevalencia jurídica de la legislación básica del Estado.

Para la consejera, tras este acuerdo el recurso presentado por las las cinco formaciones en el Congreso y encabezado por Unidas Podemos pierde fuerza, pero Nieto ha incidido en que se trata de cuestionamientos diferentes. El del Ejecutivo se refería a motivos competenciales, y el que impulsa su formación incide en lo que entiende como una colisión entre la LISTA y otras leyes en vigor cuya finalidad es preservar la sostenibilidad, especialmente en cuestiones relacionadas con la falta de agua.

Existe además otro recurso interpuesto ante el Tribunal Constitucional por Adelante Andalucía, que se basa en aspectos procedimentales, ya que cuestiona que la ley fuese aprobada por trámite de urgencia y no por el pleno sino por la Diputación Permanente cuando la actividad parlamentaria estaba restringida a causa de la pandemia.

Desde la Junta recuerdan que la ley, aprobada hace un año, ha sido informada favorablemente por los servicios jurídicos de la Junta y revisada por el Estado en el marco de la comisión bilateral, además de contar con el informe favorable del Consejo Consultivo.