Los rectores de las universidades se levantan de la reunión con la Junta sin acuerdo sobre el ajuste de 135 millones

Los diez rectores de las universidades andaluzas se han levantado este jueves de la reunión telemática con el consejero de Economía y Universidad, Rogelio Velasco, sin acuerdo sobre el ajuste de los 135 millones de euros destinado al fondo de emergencia social y sanitaria contra el Covid-19, cifrado en 700 millones de euros por el Consejo de Gobierno de la Junta. El desacuerdo ha reinado en la reunión tanto sobre el reparto de este ajuste en el presupuesto de cada una de las universidades, como el de las partidas para compensar propuestas por Economía, entre ellas el uso de otros 135 millones del remanente presupuestario.

El remanente es el dinero que las administraciones públicas no gastan cada ejercicio y se computa como ahorro. Su uso debe contar con la autorización de la Consejería de Hacienda para que no se dispare el déficit y siempre está supeditado a inversiones que no repercutan en gasto adicional. La Consejería de Hacienda autoriza en este caso a que las universidades utilicen 135 millones de euros del remanente para gasto ordinario, es decir para pago de nóminas, por ejemplo, con el compromiso de que no computará en el tope del déficit habida cuenta de la flexibilidad que habrá este año por parte de las autoridades europeas y españolas en materia de estabilidad presupuestaria. Esta cantidad se une a otros 40 millones de euros del remanente autorizados para inversiones este ejercicio.

Además, la Consejería de Economía, de la que dependen las universidades públicas andaluzas, autoriza el uso de otros 125 millones de euros para inversiones y se compromete al abono de 126,9 millones de euros de la deuda pendiente desde 2015.

En la reunión telemática, el consejero de Economía, Rogelio Velasco, ha insistido a los rectores que el ajuste no repercutirá en el gasto corriente de las universidades y con las compensaciones también se garantiza la sostenibilidad del sistema, tanto para este año como para el próximo.

Las divergencias han surgido primero por estar en contra del ajuste en sí. Los rectores consideran que ese ajuste supone un recorte del 10% del presupuesto de las universidades públicas andaluzas, cifrado en 1.446 millones de euros en las cuentas de la Junta. Consideran una aportación excesiva al fondo de emergencia en comparación con otras áreas de la administración pública. Y después tampoco ha habido acuerdo por el reparto de las inversiones entre las diez universidades, según han confirmado fuentes de la reunión.

El consejero Velasco les ha trasladado diferentes opciones, interesándose primero por los proyectos de inversión y la capacidad para ejecutarlo por cada una de las universidades para tener un análisis más detallado del reparto.

La opción que la Junta considera más aceptable es que el ajuste en remanentes sea proporcional a la voluntad que cada universidad tenga para ejecutar inversiones, que haya una proporcionalidad entre remanentes para gastos corrientes y para inversiones. Así se lo ha ido trasladando el consejero a los rectores, según fuentes de Economía. Velasco ha insistido durante la reunión en que la Junta no va a dejar sin recursos a las universidades y que su prioridad es buscar una solución a los problemas estructurales de financiación que llevan arrastrando desde hace años.

La polémica alcanzó ayer al debate parlamentario en la comisión de Hacienda, cuyo titular, Juan Bravo, remarcó que la propuesta a las universidades no supone un recorte de su financiación, sino todo lo contrario, más dinero. «Me voy si lo que digo es mentira», llegó a decir a los diputados.

Los rectores no se han puesto de acuerdo ni con la Junta ni entre ellos mismos. Este periódico ha querido contactar la opinión del rector de Málaga, José Ángel Narváez, pero no ha sido posible, aunque admite que no ha habido acuerdo y que deberán ahora volver a reunirse. El consejero ha emplazado a los rectores a otra reunión la próxima semana.