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Semanas atrás, el Parlamento de Andalucía aprobó una inicitiava presentad por Adelante Andalucía para llevar al Congreso de los Diputados una proposición de ley que, de aprobarse, obligará a incluir en el catálogo del Sistema Nacional de Salud las gafas gratuitas para niños y para ... mayores en situación vulnerable. Este miércoles, la Cámara autonómica debatía una propuesta del otro grupo de la izquierda, Por Andalucía, para mediante el mismo sistema legislativo adecuar las pruebas de acceso a la Función Pública a las personas con discapacidad intelectual. Esta vez, la propuesta no salió adelante.
Además del grupo proponente, respaldaron la iniciativa el PSOE-A, Vox y Adelante Andalucía, pero no el Partido Popular, que cuenta con mayoría absoluta. La proposición de ley no fue tomada en consideración por el Parlamento y por lo tanto el trámite parlamentario no continuará.
La iniciativa legislativa, a pesar de que todos los portavoces mostraron su acuerdo con el fondo de lo que se proponía, llegó al debate parlamentario con una losa que ya hacía muy difícil que pudiese contar con el voto imprescindible del Grupo Popular: el criterio contrario a su toma en consideración por parte del Consejo de Gobierno de la Junta. Este informe hace referencia a lo complejo que supondría realizar una prueba de situación que valore las capacidades de las personas candidatas en cada plaza concreta que se concrete.
Además, desde el Partido Popular, se recordó que algunas de las demandas a las que la propuesta de ley respondía ya fueron incluidas en la Ley de la Función Pública de Andalucía, aprobada con posterioridad a la presentación de la propuesta debatida este miércoles.
El texto, defendido por la diputada de Por Andalucía Esperanza Gómez, defendía que en cada oferta de empleo público se reserve un cupo no menor al siete por ciento de vacantes para ser cubiertas por personas con discapacidad siempre que superen los procesos selectivos. Estos, según la propuesta, deberían consistir en una prueba de situación, no memorística. La proposición señala que estas personas deberían acreditar su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas, de manera de que progresivamente se alcance el dos por ciento de los efectivos totales de la Administración pública.
Para el PP, se trata de una propuesta extemporánea, que llega tarde y mal, y que la fuerza política que la ha presentado forma parte del Gobierno de España, por lo que debería ser interpuesta directamente en el Congreso de los Diputados para su aprobación.
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