El pacto de gobierno en Castilla y León ha permitido constatar lo que ya se deducía de los discursos y la acción política: en España no ha arraigado la cultura política mayoritaria -pero no unánime- en Europa que considera inaceptable normalizar al espacio político que ... representa Vox. El asunto podría dar para largas disquisiciones históricas, sociológicas o culturales que intentaran explicar por qué 'Spain is different' en esta cuestión, como quedó expresado en el disgusto del presidente del Partido Popular Europeo, el polaco Donald Tusk. Este dirigente sufre en su país un gobierno de ese signo que, al igual que el de Hungría se ha expuesto a sanciones europeas por sus políticas de negación de la diversidad sexual y de los derechos de las mujeres, de control del poder judicial y de los medios de comunicación y de cuestionamiento a los principios básicos de la Unión.

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Pero desde el punto de vista de las urgencias políticas, lo trascendente no es entender por qué el criterio del cordón sanitario no ha arraigado en España, ni cómo va a hacer el PP para explicar el pacto a sus socios europeos -uno de los primeros marrones que tendrá que afrontar Alberto Núñez Feijóo-, sino cómo gestionarán los populares este nuevo escenario ante sus propios electores y especialmente cómo lo hará en Andalucía, próxima estación en la continua trayectoria del tren electoral español.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, apenas demoró un instante en exponer cuál será su estrategia para afrontar el nuevo paisaje dibujado desde Castilla y León. El mismo día en que se anunció el pacto de gobierno, se sometía a la sesión de control parlamentario y ahí señaló la distancia que lo separa de Vox. Le afeó su postura antieuropea y contraria a la autonomía y advirtió de que un cierre de fronteras para proteger los productos agrícolas españoles supondría un desastre para el campo. También reivindicó la postura del Gobierno andaluz en relación con la igualdad entre hombres y mujeres y especialmente en la lucha contra la violencia machista, un fenómeno que Vox se niega a reconocer en su singularidad. Pero sobre todo marcó distancia con el pacto firmado por su compañero Fernández Mañueco. «Castilla y León es Castilla y León y Andalucía es Andalucía», dijo.

Además de la convicción de que debe mostrar sin complejos sus diferencias con Vox, en el PP existe también confianza en otras cuestiones en las que fundamentarán su estrategia política. Responderán a las críticas del PSOE, que ha visto en el pacto castellano y leonés una oportunidad para advertir de lo que puede pasar en Andalucía, negando a los socialistas autoridad moral para criticar sus acuerdos con Vox y echándole en cara los pactos en el Congreso de los Diputados con el independentismo catalán y vasco. También advertirán de que los augurios lanzados desde la izquierda sobre las consecuencias del acuerdo de investidura que permitió a Juanma Moreno convertirse en el primer presidente no socialista de Andalucía no se han cumplido y que la comunidad invierte ahora más que nunca en la sanidad y la educación públicas. Con estos dos argumentos esperan desactivar lo que será la principal estrategia socialista: que el miedo a la extrema derecha movilice al electorado que hace cuatro años se quedó en casa y no acudió a votar a Susana Díaz,

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Pero sobre todo, confían en que la entrada de Vox por primera vez en un gobierno autonómico demuestre que la mayor parte de sus propuestas son irrealizables, al menos desde un comunidad autónoma sin competencias en cuestiones como la inmigración y obligada a respetar leyes y normas de rango superior. El suflé, esperan, se desinflará antes de que los andaluces acudan a las urnas.

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