Las quejas al Defensor del Pueblo marcan récord

Esta institución recibe al año una media de 10.000 quejas y 13.000 consultas. Este 2020 ya saben que se duplicarán. Las presentadas estos meses del coronavirus elevan a 5.629 el número de peticiones de información atendidas durante todo el año 2020. «Esta pandemia está siendo dura, cruel, universal y va a modificar nuestra visión de la vida, nuestra manera de relacionarnos y nuestras prioridades», reflexiona Maeztu.

«Todos estamos bajo la misma lluvia pero no todos tienen el mismo paraguas protector». Con esta filosofía el Defensor ha marcado la hoja de ruta en la institución para que sus adjuntos y empleados puedan atender todas las demandas de mediación. Sobre todo a los más vulnerables, los que de forma habitual acuden al Defensor por el retraso de las administraciones en atender sus necesidades fruto de la precariedad de sus vidas. Las restricciones establecidas para frenar los contagios de la población han tenido un enorme impacto en las personas que no pueden cumplir con el confinamiento al no disponer de las necesidades mínimas cubiertas. «Son las más vulnerables, sobre todo, las que viven en viviendas no adecuadas, en asentamientos, personas sin hogar», relatan fuentes de la institución.

A estos reveses de la vida se añaden otros como la pérdida de empleo o la paralización de actividad por el confinamiento. Ha habido familias en las que los dos progenitores han dejado de trabajar y recibir sueldo y se han encontrado desorientados para acogerse a alguna de las ayudas contempladas en el paquete de medidas urgentes de las administraciones «ante la descoordinación, falta de previsión y déficit de gestión para la implementación eficaz de dichas medidas por parte de los gestores públicos», afirma la fuente consultada. La cadena de obstáculos como consecuencia de ello la conocen bien: desahucios por impago del alquiler o hipoteca, necesidades alimentarias sin cubrir, con duro impacto en la infancia. Antes de la crisis sanitaria había 18.000 escolares beneficiados del programa de las tres comidas de la Junta de Andalucía.

Tampoco hay que olvidar, recuerdan desde la Defensoría, «casos derivados del confinamiento que necesitan medidas específicas por la violencia de género, padres separados, menores confinados, ansiedad y estrés, fallecimientos, desigualdad ante el acceso digital sobre todo en mayores y menores, gestión administrativa paralizada, personas presas». Y otros marginados nuevos, como los que vivían de la economía sumergida trabajando en actividades que ahora no pueden llevar a cabo por el confinamiento (venta ambulante, mercadillos, empleadas de hogar, cuidadoras de mayores, manteros, venta en semáforos...) y los que se han quedado sin opción de poder trabajar (jornaleros, feriantes...).

Con estos mimbres, solo en abril, con más de 1.800 llamadas, «hicimos récord». «Nunca en un mes habíamos recibido tantas consultas de información en los más de 35 años de historia», apunta la fuente.

Y es que pese a que las administraciones habilitaron teléfonos centralizados o poniendo más medios para la atención no presencial, «los testimonios que nos llegan reflejan que estos son insuficientes o no funcionan adecuadamente». En el Defensor del Pueblo constatan que la lluvia de quejas proviene «de una desinformación de las personas que nos llaman, generándoles esto una gran inseguridad, y la descoordinación manifiesta en bastantes zonas de Andalucía por parte de las administraciones».

Las quejas por las solicitudes y pagos de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía (RMISA) constituye el tema principal de consulta, aunque también antes del coronavirus era fuente principal de quejas por la tardanza de respuesta a familias con falta de recursos. La situación se ha agravado de tal forma que el Defensor ha realizado incluso una actuación de oficio. Tanto el Gobierno central como la Junta han aprobado partidas para renta mínima de las familias sin recursos, pero «seguimos recibiendo quejas de la ciudadanía sobre los retrasos en percibir esta renta mínima por parte de la Junta de Andalucía», administración encargada de su gestión.

Los problemas que ya antes existían respecto a la falta de suministros esenciales, como luz y agua, se complican ante la situación actual, convirtiéndose en otro asunto de queja. No se trata de cortes de los mismos, sino de personas que podían llevar ya bastante tiempo sin éstos y ahora han pasado a ser más esenciales que nunca, explican en la institución. «Solicitamos medidas excepcionales ante cortes de luz en algunas barriadas, en especial la zona norte de Granada», añade.

El Defensor ha constatado la «vulnerabilidad extrema» en asentamientos de inmigrantes en Huelva y Almería, en los que resultó imposible cumplir con el confinamientos sin tener garantizados derechos básicos como el acceso al agua o a los alimentos, así como desplazarse para trabajar en las zonas agrícolas, sin disponer de las condiciones mínimas de seguridad y salubridad. Ante las quejas, la institución pidió medidas urgentes para garantizar condiciones de vida dignas.

Casi desde el primer día de estado de alarma el Defensor comenzó a recibir denuncias por parte de familiares y personal de los centros de mayores. Abrió actuación de oficio para compilar todas estas denuncias, a las que se han ido incorporando las que llegaron en las siguientes semanas. De los 1.336 (al 14 de mayo) fallecidos en Andalucía, 519 eran mayores alojados en residencias.

El colapso en los teléfonos de las administraciones ha derivado al Defensor numerosas llamadas de incertidumbre por familiares en residencias de personas mayores, pero también sobre las medidas de seguridad e higiene y por los ERTE. En los últimos días, por las tarjetas de alimentos anunciadas por la Junta de Andalucía, aún pendiente de reglamento para su distribución.

En los primeros días, el grueso de las llamadas tuvo que ver con la preocupación por las consecuencias del coronavirus, y después muchas dudas con respecto al estado de alarma y posibilidad de moverse de determinados colectivos como niños y personas con familiares en otros municipios. También la situación de los presos con enfermedades de riesgo ha sido objeto de algunas consultas.