El PSOE-A pedirá la comparecencia parlamentaria urgente de la interventora general de la Junta y de la interventora delegada del Servicio Andaluz del Salud ( ... SAS) para aclarar cómo se se procedió para la realización de los contratos sanitarios de emergencia en el Gobierno andaluz, ya que los informes de fiscalización apuntan a ciertas «irregularidades».
Así lo avanzó hoy el coordinador de Presidencia del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael Márquez, tras asegurar que «son ya 18 informes desfavorables y demoledores de la Intervención de la Junta de Andalucía sobre contratos menores bajo sospecha que suman más de 1.200 millones de euros, a los que hay que unir 300 millones de euros en contratación de emergencia que también han sido fiscalizados por la propia Intervención de la Junta».
El representante socialista dijo que el Ejecutivo autonómico debe «poner luz y taquígrafos ante este grave escándalo por el desvío irregular masivo de recursos de la sanidad pública a la privada», subrayó.
Rafael Márquez sostuvo que los últimos informes ponen de relieve que el 92,13 % de los contratos menores en 2021, por un montante total de 1.223 millones de euros en las ocho provincias, «tuvieron irregularidades e incumplimientos y que por tanto estarían bajo sospecha», denunció.
Asimismo, lamentó que el Gobierno andaluz haga oídos sordos de estos informes y mientras tanto se está produciendo un «deterioro acelerado de nuestra sanidad pública y que Andalucía se convierta en la comunidad autónoma que peores listas de espera tiene de todo el país, con una atención primaria desmantelada».