JOSÉ LUIS PIEDRA
SEVILLA.
Sábado, 8 de febrero 2020, 00:08
El PSOE-A y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP)mostraron ayer su preocupación por el riesgo que corre la red de centros de atención a drogodependientes y otras adicciones debido a la incertidumbre y desconcierto en el que están inmersos ante la gestión del Gobierno de PP-A y Cs.
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La líder del PSOE-A, Susana Díaz, y el presidente de la FAMP, Fernando Rodríguez Villalobos, se reunieron ayer con representantes de estas entidades para abordar su situación.
La exconsejera socialista de Igualdad y ahora parlamentaria autonómica María José Sánchez criticó el desconcierto en el ámbito de las drogodependencias tras pasar sus competencias de la Consejería de Igualdad a la de Salud con el nuevo Ejecutivo autonómico.
Sánchez alabó la labor fundamental que desempeñan estas entidades con más de 30 años de experiencia. En este sentido, añadió que se trata de un tejido asociativo «muy potente que vive ahora, sin embargo, «un verdadero desconcierto».
Según la diputada socialistas, «primero pasaron al Servicio Andaluz de Salud (SAS), luego a Viceconsejería y después a una Dirección General».
A su juicio, «el problema es que terminen estando en salud mental, lo que supondría un estigma para las personas que tienen alguna drogodependencia».
En este encuentro también se abordó la inquietud de estos colectivos con las ayudas públicas que reciben para desarrollar su labor en la atención a las personas drogodependientes y con adicciones. La diputada del PSOE-A afirmó que las subvenciones a estas entidades han llegado «muy tarde y algunas no se han cobrado», toda vez que el rechazo por parte del PP-A, Cs y Vox que recibió la propuesta del PSOE-A de alejar de los centros escolares todo lo que tiene que ver con el juego patológico, informa Europa Press.
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La gestión en esta materia en Andalucía contrasta con las medidas que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha puesto en marcha, incluso reuniéndose ya con las federaciones de este ámbito a nivel nacional y de las comunidades, subrayó María José Sánchez.
Por su parte, el presidente de la FAMP, Fernando Rodríguez Villalobos, cuestionó los problemas que rodean ahora los convenios en esta materia que «antes estaban normalizados» entre la Junta y las Diputaciones para cubrir los tratamientos a adicciones, pero hoy se convierten en «excepcionalidad». «Ahora es una medida graciable de un gobierno de turno»,precisó.
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A este respecto, el presidente de la FAMP pidió al Gobierno andaluz que aclare si va a «romper esa relación que tiene con las administraciones locales o si piensa en la concurrencia competitiva para las Diputaciones provinciales en este asunto», lo que a su entender sería «absurdo».
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