PSOE-A y Adelante piden que el decreto de simplificación de la actividad productiva se tramite como ley para propiciar su debate

PSOE-A y Adelante Andalucía piden al Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos que tramite en el Parlamento como proyecto de ley el decreto de mejora y simplificación administrativa para el fomento de la actividad productiva de Andalucía con el objetivo de facilitar el debate de una norma de gran calado que consideran no debe abordarse en un momento de excepcionalidad como el que se vive ahora con la crisis sanitaria del coronavirus.

Esta petición ha sido formalizada por los dos grupos parlamentarios en la oposición en caso de que el Ejecutivo autonómico no acuerde la retirada de dicho decreto, tal y como ambos le han pedido, y con el objetivo de que sea incluida en el orden del día de la Diputación Permanente del Parlamento andaluz.

Ambas formaciones registrarán mañana en el Parlamento andaluz un escrito dirigido a la presidenta y a la Mesa de la Cámara en el que solicitan que esta norma sea tramitada como proyecto de ley, según se recoge en el escrito suscrito por el portavoz parlamentario socialista, José Fiscal, y la portavoz de Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto.

Ambos portavoces reiteraron al Gobierno andaluz su petición de retirada del Decreto-Ley 2/2020 de 9 de marzo, de mejora y simplificación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía «en aras a la transparencia, en defensa del papel legislativo andaluz y a la participación de la sociedad andaluza en una modificación tan sustancial del cuerpo normativo andaluz».

En el escrito, PSOE-A y Adelante Andalucía aseguran que «el momento de excepcionalidad que se vive en nuestro país con la declaración del Estado de Alarma no es el más idóneo para la necesaria discusión parlamentaria de normas legislativas, más aún del calado de las modificaciones planteadas».

El citado Decreto-Ley aprobado por el gobierno andaluz modifica 21 leyes y 6 decretos, algunos de manera sustancial, «lo que necesariamente debiera conllevar que la sociedad andaluza, a través de los sectores implicados, tenga la oportunidad de aportar su punto de vista para mejorar la norma (comerciantes, ecologistas, sindicatos, empresarios, ayuntamientos, diputaciones, consumidores, asociaciones audiovisuales y de periodistas, organizaciones agrarias,…). Hacerlo de hurtadillas y sin su pronunciamiento dice poco de la calidad democrática del Gobierno andaluz», señala el escrito.

PSOE-A y Adelante Andalucía denuncian que «no se conocen los preceptivos informes jurídicos, técnicos o económicos que sustentan las medidas y, si existen, sería aún peor, pues se estarían ocultando a los miembros de la Cámara». Segun estos grupos, «tampoco se conocen los pronunciamientos de los organismos que tienen la función de control y mejora legislativa, como el Consejo Consultivo, el Consejo Económico y Social, el Consejo Audiovisual y el Consejo Andaluz de Concertación Local».

En este texto de ambas formaciones se refleja también que «no parece en el estado actual de las cosas, y la situación por la que atravesamos, que la convalidación de este Decreto-Ley en la Diputación Permanente sea el procedimiento adecuado para la serena reflexión sobre normas tan importantes. Más aún para trasladar un mensaje de unidad de acción, colaboración y lealtad institucional que tanto necesitamos en estos difíciles momentos para los andaluces y andaluzas».