El PSOE y el resto de la izquierda impiden que el Parlamento de Andalucía rechace los efectos indeseables de la ley del 'Sí es sí'

Un artículo del Reglamento del Parlamento de Andalucía, el 171, establece que las proposiciones no de ley (PNL) que se presentan para que la Cámara se posicione en materias de competencia exclusiva del Estado o de la Administración local sólo podrán ser incluidas en el orden del día si cuentan con el beneplácito de tres grupos de la Cámara o dos tercios de los diputados, es decir 73 parlamentarios.

Este artículo, que ya figuraba con otra denominación en el reglamento original del Parlamento, se mantuvo en el actual, aprobado en 2005, pero nunca había sido invocado hasta este miércoles, cuando la portavoz socialista, Ángeles Férriz, advirtió de que la propuesta de orden del día incluía dos PNL afectadas por el artículo 171, por lo que ambos tuvieron que someterse a votación. El primero, referente a la financiación autonómica y también presentado por el PP, salió adelante sin problemas, pero el segundo, relativo a la citada ley, no.

Pese a contar con una desahogada mayoría absoluta, al PP le faltan aliados para alcanzar los dos tercios de la Cámara a los que obliga la aplicación de este artículo sin algún parlamentario decide invocarlo. En esta ocasión, a sus 58 votos sumó los 14 de Vox, por lo que alcanzó 72. La mayoría de dos tercios requiere de 73. Le faltaba uno, pero ni el PSOE, que pidió la aplicación del artículo, ni los otros grupos de la izquierda -Por Andalucía y Adelante Andalucía- mostraron su conformidad para que la proposición fuese incluida, por lo que fue retirada del orden del día y no se podrá debatir.

Debido a que la Junta de Portavoces no es un ámbito donde tienen lugar debates políticos, ninguno de sus miembros tuvo oportunidad de explicar en profundidad su postura, aunque al portavoz de Vox, Manuel Gavira, le dio tiempo a apuntar que su conformidad se debe a que se trata de un tema que afecta a los ciudadanos andaluces y el del PP, Toni Martín, acusó a los socialistas de amordazar a la Cámara autonómica. Martín descartó que su grupo presentara otra PNL en lugar de la descartada.

La proposición pedía que el Parlamento se posicionara a favor de una revisión por vía de urgencia de la ley con la finalidad de que quienes cometan delitos sexuales puedan tener cuanto antes las mismas penas que estaban en vigor previamente a septiembre del año pasado.

En el texto también se apuntaba a la exigencia de que se asuman y depuren responsabilidades políticas y que el cambio que se vaya a aprobar de la norma evite el beneficio para los agresores y el abandono y desprotección de las víctimas.

En un comunicado, el PSOE argumentó que el cambio de la ley se está debatiendo y por lo tanto el Parlamento de Andalucía debe respetar los trámites de otras cámaras. Además, su portavoz, Ángeles Férriz, denunció que el PP intenta utilizar al Parlamento de Andalucía en su estrategia de confrontación con el Gobierno de España. En su opinión, el objetivo era atacar a Pedro Sánchez utilizando a las víctimas de agresiones sexuales.

Fuentes del grupo Por Andalucía explicaron que el sentido de su voto tuvo por objetivo acabar con un abuso por parte del Grupo Popular, ya que de las 24 últimas PNL presentadas, 23 se referían a cuestiones ajenas a las competencias autonómicas. Según estas fuentes, como consecuencia de la mayoría absoluta del PP en la Cámara se está produciendo una situación de abuso con los cupos que se le conceden al resto de los grupos para la presentación de iniciativas.

Por su parte, desde Adelante Andalucía se esgrimió que aunque su posición general es que en el Parlamento de puede y se debe debatir sobre cualquier tema, en este caso se opusieron para evitar seguir lo que en su opinión es una ola reaccionaria y de violencia machista contra el movimiento feminista.