El PSOE intenta bloquear en el Constitucional la medida estrella de la Junta para esta legislatura

50 senadores socialistas firmaron este martes el recurso contra el decreto, que según el parlamentario del PSOE-A Josele Aguilar es una «chapuza jurídica» con la que la Junta ha hecho un uso abusivo de sus competencias. «El Tribunal Constitucional acabará dando la razón a este grupo y tumbando esta norma que viene a generar una gran inseguridad jurídica en el ordenamiento jurídico andaluz. Tiene su base en la incompetencia del gobierno de Moreno Bonilla», dijo Aguilar, que recordó que el texto del decreto ya ha sufrido cuatro modificaciones y que desde el anuncio de la medida hasta su publicación transcurrió un año y medio, lo que en su opinión demuestra que no se trataba de una actuación que requiriera urgencia.

No es la primera vez que el PSOE-A presenta un recurso de inconstitucionalidad contra un decreto de la Junta destinado a reducir o eliminar trámites de la administración andaluza. Ya lo hizo cuando durante la anterior legislatura el Gobierno andaluz presentó el primero de sus cuatro decretos de simplificación con un recurso que todavía no ha sido resuelto por el Tribunal Constitucional.

Sin embargo, en esta ocasión la iniciativa adoptada por los socialistas tiene más calado político porque el último decreto de simplificación, el cuarto desde que Juanma Moreno alcanzó la presidencia de la Junta, es más amplio, afecta a todas las áreas del Gobierno autonómico y puede considerarse como la medida de mayor alcance tomada por la Junta de Andalucía desde que el Partido Popular consiguió la mayoría absoluta en junio del año pasado

El PSOE-A cuestiona tanto la forma como el fondo del decreto. La forma, porque entiende que existe un abuso de esa figura legislativa con la que se eluden controles, y el fondo, porque las modificaciones que realiza, en su opinión, no guardan relación con el objeto que dicen regular.

El Gobierno andaluz considera no se trata de un recurso que tenga fundamento en derecho, sino que responde a un interés político.

El portavoz de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, recordó que el Gobierno de España sólo ha cuestionado un artículo de todo el decreto, que ocupa más de 700 páginas, y explicó que el mismo será objeto de negociación entre ambas administraciones.

Se trata de un artículo del decreto de Simplificación que modifica la ley andaluza del suelo (LISTA) y hace referencia al silencio positivo para los movimientos de tierra.

«No quiero pensar que hay grupos en contra de quitar burocracia y de ponérselo fácil a los inversores», dijo el portavoz, para quien la acusación contra la Junta de abusar de la figura del decreto tampoco tiene fundamento. En clara alusión al Gobierno de España, que lleva aprobados 145 decretos desde que Sánchez es presidente, subrayó que el Ejecutivo andaluz no es la administración pública española que más decretos aprueba. El decreto, aseguró, «es perfectamente constitucional».