El proyecto de incorporar más cultivos a Doñana abre un nuevo frente entre el Gobierno y la Junta

El proyecto de ley para regularizar como cultivable más de 1.400 hectáreas de suelo actualmente no consideradas como tal en el cordón norte del entorno de Doñana ha abierto un nuevo espacio de confrontación entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía. Aunque estrictamente la iniciativa no fue presentada por el Gobierno andaluz, sino por los dos partidos que los sustentan y por Vox, el Gobierno central lo considera una deslealtad y reclama al Ejecutivo autonómico que lo vete.

Este martes, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, advirtió de que el entorno de Doñana apenas tiene recursos hídricos para garantizar los cultivos actuales y no puede sumar ni una sola hectárea más. Éste es el principal argumento Morán, que se reunió en Sevilla con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Páez, y el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, esgrimió para calificar de engaño la propuesta de ley. Pidió por ello al Gobierno andaluz «que no someta al Parlamento a un debate estéril y que no traslade al conjunto de la ciudadanía una conflictividad basada en expectativas irreales».

En concreto, el secretario de Estado reclamó a la Junta que vete la tramitación de la ley, ya que no hay agua, «ni la habrá» para legalizar nuevas áreas de cultivo, al tiempo que acusó al Gobierno andaluz de deslealtad por no haber mencionado este proyecto en la última reunión del Consejo de Participación de Doñana, celebrado el pasado 17 de noviembre. También mostró su sorpresa porque en el proceso de la planificación hidrográfica, abierto hasta el 22 de diciembre de 2021, la Junta «no apuntó ni una sola línea en el sentido de pedir, solicitar o sugerir la puesta a disposición de más recursos de agua para revisar al alza los usos del recurso en el entorno de Doñana».

En la Junta han eludido responder a estas acusaciones y al reclamo de que se vete la iniciativa. Preguntado por este asunto, el portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, se limitó a pedir tranquilidad y a mostrar el compromiso de la Junta con el medio ambiente y singularmente con Doñana, al que calificó como la joya de la corona del patrimonio ambiental de la comunidad.

Bendodo, que no aclaró si el Ejecutivo andaluz emitirá un informe sobre la toma en consideración del proyecto y se limitó a asegurar de que si el Gobierno tiene que pronunciarse, lo hará tras analizar los planteamientos que se le hagan. El portavoz de la Junta justificó la iniciativa en que se persigue dar solución a derechos históricos heredados y equilibrar los intereses de esos agricultores con la preservación de Doñana.

Para el Gobierno central, se trata de unos derechos inexistentes, ya que sólo se podrían haber obtenido mediante un proceso reglado. Además, Morán llamó la atención por el daño de imagen que pueden sufrir los productos agrícolas de la zona en los mercados europeos si se identifica a sus productores con el deterioro que pueda sufrir el Parque Nacional.

El parque y su entorno, según Morán, atraviesan la situación de estrés hídrico más acuciante que se recuerda. «No hay capacidad de poder disponer ni un solo metro cúbico más para nuevas actividades económicas», advirtió el secretario de Estado. Al argumento de que los nuevos regadíos recurrirán al agua de superficie y no a los acuíferos que sustentan la viabilidad de Doñana, el secretario de Estado indicó que el agua de superficie debe ir a las áreas de cultivo ya reconocidas porque la zona cuenta con una cuarta parte de lo que se movilizaba cuando se construyó la actual infraestructura de embalses.

Por su parte, Unidas Podemos por Andalucía ha solicitado a la Comisión Europea que detalle su posición sobre el proyecto de ley, que a juicio de la confluencia de izquierdas supone amnistiar la extracción ilegal de agua en el Parque Natural.

En el escrito, registrado este martes en el Parlamento Europeo, Unidas Podemos recuerda que en junio de 2021, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declaró que, debido a las extracciones ilegales de agua, se habían incumplido varias disposiciones de la Directiva marco de aguas y la Directiva de hábitats. En el escrito, se solicita a la Comisión que clarifique si la iniciativa contradice la sentencia del TJUE o afecta al espacio protegido de Doñana.

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