Los Presupuestos de la Junta siguen adelante tras un debate contaminado por la polémica nacional

La votaciones en el Parlamento han dejado de asemejarse a las películas de suspense. Situaciones como las de 2021, cuando la falta de apoyos dio al traste con el proyecto de Presupuestos para el siguiente ejercicio y abrió el camino al adelanto electoral, han pasado a la historia. Ahora, la mayoría absoluta del Partido Popular no deja lugar a la incógnita, aunque no impide que el debate presupuestario -el más importante de cuantos se celebran en todo el año, según se ocupan de recordar todos los portavoces-, se desarrollen con máxima tensión y polémica.

En esta ocasión, con un pleno celebrado en Andalucía de forma simultánea al del debate de investidura de Pedro Sánchez, hubo un poderoso elemento añadido a la polémica. Sobre el debate andaluz planearon todos los argumentos de la agenda política nacional sin que nadie mezquinara reproches y acusaciones.

Tras casi siete horas de debate, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, cerró con una alusión directa a la coincidencia de ambos debates. «Mientras aquí estamos votando progreso, transformación y creación de empleo para Andalucía -dijo-, en Madrid la izquierda andaluza ha votado un pacto que va contra la igualdad de los españoles, que atenta contra la separación de poderes, contra la solidaridad entre las regiones y que hace saltar las costuras de nuestra Constitución y de nuestra democracia además de atentar contra los intereses de Andalucía».

Esta referencia de Carolina España a la sesión de investidura de Sánchez que se celebraba simultáneamente en Madrid, estuvo lejos de ser la única alusión a la actualidad nacional y a la repercusión que sobre Andalucía van a tener los compromisos asumidos por el presidente del Gobierno para conseguir su investidura.

En concreto, además de reprochar los privilegios que en su opinión obtendrán Cataluña y el País Vasco, se refirió una y otra vez a la necesidad de conseguir una modificación del modelo de financiación para evitar que Andalucía siga perdiendo recursos frente a otras comunidades que resultan más beneficiadas .

La consejera respondió uno a uno a los portavoces de los tres grupos que presentaron enmiendas a la totalidad, con quienes confrontó en relación al objetivo de la igualdad que todos dicen perseguir.

Así, mientras España aludió a que ese principio ha sido roto con los acuerdos que Pedro Sánchez ha alcanzado con las formaciones nacionalistas catalanas y vascas, desde las formaciones de izquierda se refirieron a la rebajas de impuestos que se han impulsado desde la Junta y que, en su opinión, tienen como beneficiarias a las rentas más altas en perjuicio de la prestación de los servicios públicos.

La portavoz socialista Alicia Murillo acusó al PP de buscar el agravio en todo momento cuando, afirmó, «el mayor agravio es el regalo fiscal a las grandes fortunas». En su opinión, el Gobierno andaluz es incoherente al reclamar permanentemente una mejor financiación y al mismo tiempo reducir impuestos a las élites económicas. «Con una mano pide y con la otra recorta», afirmó.

También la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, incidió en este argumento, y afirmó que la financiación extra que llega del Gobierno central la Junta de Andalucía no la utiliza para una mejora en los servicios públicos o para aliviar la situación de las familias más necesitadas, sino para ahorrar y bajar impuestos a los más privilegiados.

José Ignacio García, de Adelante Andalucía, hizo especial hincapié en el sistema de financiación injusto que padece Andalucía, pero también utilizó el mismo calificativo para el modelo fiscal del Gobierno andaluz, que en su opinión beneficia solamente al 0,2 por ciento de la población.

La consejera, por su parte, defendió ese modelo fiscal porque, en su opinión, hace más atractiva la inversión en Andalucía, favorece el crecimiento económico y permite que la recaudación se incremente.

Aseguró que las cuentas aportan «seguridad, credibilidad, confianza y estabilidad» y además consolidan la estrategia del Gobierno andaluz, sustentado en unas finanzas saneadas, una gestión rigurosa y una política fiscal que ha llevado a Andalucía a ser la segunda comunidad española con menos impuestos solamente por detrás de Madrid.

Por su parte, el portavoz en este materia del PP, Pablo Venzal, dijo que el Gobierno andaluz «ha hecho algo normal, pero que en realidad hoy es atípico: cumplir con la Ley General de Hacienda, con la Constitución y, en definitiva, con la normativa y las leyes que rigen como normas y reglas de juegos en un Estado de Derecho, y eso es algo que hoy desgraciadamente ya no pasa».