El Presidente del Constitucional mantiene el pulso por los ERE y sostiene que hay un conflicto con la Audiencia de Sevilla

Según ha informado la corte de garantías, «el Pleno del TC ha realizado esta mañana una primera aproximación al conflicto planteado entre la obligación de cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional y su propia ejecutividad, y el planteamiento de cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el proceso de ejecución de las sentencias constitucionales».

Fuentes jurídicas indican a Europa Press que, efectivamente, se ha tratado de una «toma de contacto» donde los magistrados han expuesto opiniones «muy diversas», que van desde quienes defienden que la ley orgánica del TC «obliga a anular cualquier decisión contraria a la ejecución inmediata» de sus sentencias a quienes entienden que la doctrina del TJUE permite desoír las sentencias del TC cuando contravengan el derecho comunitario.

Según avanzó 'El Español' y confirmaron fuentes jurídicas a Europa Press, durante la reunión de la Sala Primera celebrada el pasado lunes, Conde-Pumpido ya trasladó a los magistrados asistentes sus dudas sobre la posibilidad de que los jueces y tribunales españoles puedan acudir a la corte comunitaria cuestionando el encaje de las sentencias del TC en el derecho de la UE.

Conde-Pumpido lo comentó respecto a un caso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), si bien también apuntó al 'caso ERE'. Posteriormente, el asunto llegó a los demás miembros del TC, reunidos por otro lado en la Sala Segunda.

Las fuentes consultadas indican que entonces Conde-Pumpido ya manifestó su intención de encargar un informe a los letrados del TC para estudiar el asunto, si bien este martes ha aclarado a sus compañeros que primero se recabarán las providencias dictadas por la Audiencia de Sevilla y el TSJM. Desde la sede de Domenico Scarlatti se asegura que «previsiblemente» se encargará dicho informe.

Las fuentes explican que, si bien es incuestionable que los jueces españoles pueden preguntar al TJUE cuando tengan dudas sobre la aplicación del derecho comunitario al caso que tienen entre manos, no está tan claro que puedan hacerlo cuando se trata de sentencias del Tribunal Constitucional.

Aunque -subrayan- el objetivo del informe es determinar qué competencias tienen los jueces españoles en ese sentido, reconocen que una de las posibilidades es acabar declarando la nulidad de la providencia donde la Audiencia de Sevilla ha dado traslado a las partes para que se pronuncien sobre si procede preguntar al TJUE.

En esta providencia, a la que tuvo acceso Europa Press, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, encargada de emitir las nuevas sentencias de los ERE después de que el TC anulara las de más de una decena de condenados, incluidos los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, planteó que el TC «se ha extralimitado» con una «interpretación alternativa de la prevaricación y la malversación».

La Audiencia de Sevilla pidió a las partes que se pronunciaran sobre si la doctrina fijada por el TC «incumple las exigencias internacionales de lucha contra la corrupción», valorando en concreto una posible cuestión prejudicial ante el TJUE por si no son «del todo compatibles con el Derecho de la Unión».