La presidenta del Parlamento quiere imponer multas de 60.000 euros a quienes no declaren en las comisiones de investigación

La propuesta de reforma del reglamento de Parlamento de Andalucía prevé la imposición de una multa de hasta 60.000 euros a los comparecientes que opten por no declarar aunque no tengan impedimento legal para hacerlo. Así está reflejado en el texto elaborado por la Presidencia con los servicios jurídicos de la Cámara, que será presentado a los grupos políticos para su debate y aprobación.

La presidenta del Parlamento, Marta Bosquet (Ciudadanos) entregó el pasado martes una copia de la propuesta a los portavoces parlamentarios, algunos de los cuales ya han mostrado su reticencias. Soledad Pérez, del PSOE, ha adelantado que ese punto de la reforma atentaría contra el derecho constitucional a no declarar y el portavoz del Partido Popular, José Antonio Nieto, matizó que es necesario conocer qué sustento legal tiene la propuesta. «No sé si el Parlamento puede tener la autoridad para aplicar esa multa», señaló.

Además de los dos principales grupos de la Cámara, también en Unidas Podemos, donde dudan de la legalidad y oportunidad de la medida, han recibido con escepticismo la propuesta.

La incomparecencia ante comisiones legislativas y los falsos testimonios en las mismas ya están previstas en el Código Penal con penas de prisión y multas. Las personas citadas que no acuden pueden ser a acusados de un delito de desobediencia y quienes mienten se exponen a penas de prisión de seis meses y multa. Ahora, la presidenta del Parlamento de Andalucía quiere incluir un castigo adicional para aquellos que acuden pero optan por no declarar, actitud que han adoptado varios de los ex altos cargos socialistas citados en la comisión de investigación de la Fundación Andaluza para la Formación y el Empleo (Faffe), entre ellos el expresidente de la Junta Manuel Chaves. En aquella ocasión, el caso fue llevado a la Fiscalía, que lo archivó. Los expresidentes Susana Díaz y José Antonio Griñán también fueron citados, pero no comparecieron al alegar que la convocatoria no les habia llegado. Díaz ha vuelto a ser citada para el próximo 3 de diciembre. La comisión de la Faffe está presidida por otro parlamentario de Ciudadanos, Enrique Moreno.

En la reforma del reglamento de la Cámara se expone que los citados tendrán derecho a no declarar contra sí mismos, pero sí deberán contestar a las preguntas que se les formulen en relación con el objeto de la investigación «de modo completo y adecuado» salvo que concurra alguna causa legal que ampare su silencio. De no hacerlo, podrán ser sancionados, si prospera la reforma del reglamento, a multas de hasta 60.000 euros «tras el correspondiente proceso contradictorio» que será resuelto por la Mesa del Parlamento.

La reforma, que modifica 105 de los 190 artículos del reglamento de la Cámara, hace una regulación exhaustiva de la creación y funcionamiento de las comisiones de investigación parlamentaria, especialmente de los requerimientos para comparecer y de la forma en que deben hacerse las citaciones, aspecto al que han recurrido repetidamente muchos de los ex cargos de la Junta para no presentarse en la comisión de la Faffe.

La reforma será sometida ahora al escrutinio de los grupos políticos y, cuando concluya el trámite previo, tendrá que ser aprobada por el pleno del Parlamento. El portavoz del PP ya ha adelantado que no sería recomendable que una modificación de este tipo, que afecta a todo el funcionamiento de la Cámara, fuese aprobado sin un amplio consenso.

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