El PP vota contra un artículo de su propia ley del Consejo Consultivo para evitar beneficiar a Chaves y Griñán

El texto acordado entre ambas formaciones establecía que serán consejeros permanentes del Consejo Consultivo, hasta que cumplan 75 años, quienes hayan sido presidentes de la Junta Andalucía, nombramiento que se realizará por el Consejo de Gobierno de la Junta a solicitud de los interesados, que deberán tener dedicación exclusiva a esa función. Estos consejeros permanentes se suman a los consejeros electivos, un total de seis y nombrados por el Consejo de Gobierno entre juristas de reconocido prestigio. Además, hay consejeros natos, cargo que corresponde a los presidentes de las Reales Academias de Legislación, el fiscal superior y un representante de los colegios de abogados, entre otros.

Según este artículo, solamente la expresidenta Susana Díaz podría acogerse a este nombramiento, que implica una remuneración de 83.000 euros anuales además de otros beneficios acordes con la condición de expresidente de la Junta, por lo que al inicio de su tramitación socialistas y populares acordaron a instancias de los primeros una disposición que marcaba una excepción a ese límite de edad y preveía que el artículo no sería aplicable a quienes fueran mayores de 75 años en el momento de la aprobación de la norma.

Con Chaves y Griñán inhabilitados por la sentencia del caso de los ERE, esta disposición permitía la entrada en el Consejo como miembros permanentes a los también ex presidentes socialistas de la Junta Rafael Escuredo, de 80 años y que fue presidente entre 1982 y 1984, y José Rodríguez de la Borbolla, de 77, que lo sucedió y se mantuvo como presidente hasta 1990.

Sin embargo, la previsión de que Chaves y Griñán dejen de estar inhabilitados por sus condenas en el caso de los ERE ha llevado al PP a cambiar su postura con respecto a esta ley cinco días antes de que el Tribunal Constitucional inicie el debate sobre los recursos presentados por los expresidentes.

Chaves, que acaba de cumplir 79 años, y Griñán, un año menor, podrían estar a las puertas de ver anuladas las sentencias que los condenan a penas de inhabilitación, lo que permitiría poder solicitar su entrada en el Consejo Consultivo y acogerse a los beneficios que ello conlleva, incluida la remuneración.

Ante esta situación, el Grupo Popular propuso de manera imprevista durante el debate final de la ley que la disposición que elimina transitoriamente el límite de edad se votara de forma separada, de manera de poder suprimirla sin que ello afecte al resto de la ley.

«Como ha habido hechos nuevos que todos conocemos, compartamos o no compartamos sentencias del Constitucional, esto cambia sustancialmente el espíritu de la ley y por eso vamos a pedir la votación separada», explicó el portavoz adjunto del Grupo Popular, Pablo Venzal, que intervino como ponente del texto y que argumentó que su formación quería despejar cualquier duda de connivencia con «determinadas personas que han sido condenadas por los órganos jurisdiccionales de este país», en clara referencia a Chaves y Griñán.

La modificación del texto inicialmente acordado excluye también a los otros dos expresidentes, por lo que Venzal ofreció al Grupo Socialista la mano tendida de su partido para «buscar soluciones en un futuro».

Sin embargo, para el PSOE, que ha votado en contra de la aprobación de la ley, el cambio impuesto por el PP demuestra que esta formación «no es de fiar, incumple los acuerdos y está en las manos de Vox, que sigue marcándole el camino a pesar de su mayoría absoluta».

«El PP no ha tenido la valentía, las agallas y el coraje de reivindicar algo que ellos mismo propusieron, como es la posibilidad de que expresidentes de más de 75 años, por un periodo transitorio de cinco años, puedan incorporarse como consejeros permanentes», aseguró el parlamentario socialista Víctor Torres.

Así, la ley, ya sin la disposición que anulaba el límite de los 75 años, fue aprobada con los 58 votos a favor del Partido Popular y los 47 en contra del resto de los grupos.