El PP descarta tramitar como ley el decreto de simplificación pese al reclamo de la oposición

Todos los grupos parlamentarios de la izquierda -PSOE, Por Andalucía y Adelante- reclamaron este miércoles en la Junta de Portavoces que el texto no fuese incluido en el orden del día y que se iniciara su tramitación como proyecto de ley, lo que a su juicio daría tiempo suficiente para analizarlo en profundidad y ofrecería, además, garantías ante una norma que modificará 176 leyes, decretos y reglamentos preexistentes. El PP, grupo mayoritario en la Cámara, se negó aludiendo a la necesidad de que las innovaciones que plantea el decreto son de urgente aplicación.

Esta negativa dio lugar a que los tres grupos, que volverán a pedir la tramitación como ley ya cuando se celebre el pleno, votaran en contra del orden del día. Vox, que decidirá si pedir la tramitación como ley una vez que analice el documento en su totalidad, lo hizo a favor.

El decreto de simplificación administrativa, el cuarto que impulsa la Junta desde la llegada del PP al Gobierno y más ambicioso de todos, es un texto cuyo cuerpo central ocupa unos 600 folios, aunque incluyendo los apéndices e informes que lo acompañan suma más de dos mil, según aseguran desde los grupos de la oposición. Para el Gobierno andaluz se trata de la iniciativa política más importante de este periodo parlamentario y contribuirá a hacer de Andalucía el territorio con menos burocracia de España.

Debido al volumen que ocupa, la Junta no ha conseguido todavía que el decreto viera la luz en el BOJA y ese es otro de los argumentos que esgrimen los grupos políticos de la izquierda para pedir que la tramitación se ralentice y se haga con las garantías de las que, a su juicio, carece. Por Andalucía ha anunciado incluso que irá al Tribunal Constitucional si su petición no es atendida.

Desde el PSOE, su portavoz, Ángeles Férriz, aseguró que el andaluz es un gobierno «que evita los controles administrativos» y señaló que la urgencia de una norma que se está elaborando al menos desde 2022 no está en modo alguna justificada. Pero éste es precisamente el punto de mayor controversia. Para el Partido Popular sí se trata de una cuestión que requiere premura porque está llamada a solucionar situaciones que afectan directamente a la vida de los ciudadanos.

El portavoz popular, Toni Martín, mencionó en ese sentido los plazos para la tramitación de ayudas a la dependencia o la eliminación de burocracia para realizar obras o facilitarle la vida a las empresas. «Está justificada su urgencia y por eso se va a aprobar con su apoyo o sin su apoyo», afirmó.