El PP de Andalucía marca distancias con Vox en plena negociación de los pactos autonómicos

En el Gobierno andaluz aseguran que a pesar del debate que los pactos han abierto en el conjunto de España y de las críticas que les llueven desde la izquierda y la derecha, no cambiarán de postura en estos asuntos. «Por ahí no nos van a pillar», sostienen en el PP andaluz, donde ven con alivio que la mayoría absoluta conseguida hace un año los sitúa en una situación muy diferente a la de sus compañeros valencianos, murcianos o extremeños.

En el entorno de Juanma Moreno entienden que tanto el feminismo como la defensa de los derechos de las personas LGTBI son una parte irrenunciable de su discurso y su estrategia para ser percibidos como un partido que ocupe la centralidad en la sociedad andaluza, diferenciándolos de Vox y evitando que el PSOE-A enarbole en solitario algunas de sus banderas históricas.

En el último pleno del Parlamento de Andalucía, en plena precampaña electoral, el presidente ya enseñó el camino a los suyos presentándose con una pulsera con los colores arco iris, que la Consejería de Inclusión, Juventud, Familias e Igualdad distribuyó entre cargos y colaboradores de la Junta con motivo del día del Orgullo, y reiterando en su discurso para el debate sobre la situación política de Andalucía, su compromiso con ambas causas. Y eso a pesar de la advertencia del portavoz de Vox, Manuel Gavira, que afirmó que Andalucía «se está quedando atrás en la alternativa para echar a Sánchez, que está cogiendo forma», en clara referencia a los acuerdos entre su partido y el PP que comienzan a cubrir la mayor parte del mapa autonómico.

Sin embargo, para el secretario general socialista, Juan Espadas, la posición de Moreno fue insuficiente, ya que en su opinión debería haberse pronunciado de manera clara contra los pactos que está firmando su partido.

Este jueves, durante la segunda jornada del pleno, la cuestión feminista y la relativa al colectivo LGTBI volvieron a estar en primer plano y otra vez el Grupo Popular se situó entre dos fuegos y a una clara distancia con Vox.

En el debate tras una interpelación sobre el fomento de la natalidad presentado por ese partido, la diputada sevillana Ana María Ruiz culpó del descenso en el número de nacimientos a «la influencia de los transgresores, de la agenda 2030 y los lobbies del feminismo impostado y del colectivo LGTBI, que han conseguido de manera taciturna impregnar nuestro ordenamiento jurídico y la educación de nuestros hijos de una ideología wok, de culto al ego». La diputada, que arremetió también contra la ley de interrupción voluntaria del embarazo y contra le ley Trans andaluza, reclamó al PP que explique en qué se diferencia del PSOE en estos asuntos.

Le respondió la consejera de Inclusión, Loles López, que le reprochó que en su esquema sólo contemple un tipo de familia y no a «dos mujeres o dos hombres que decidan tener un hijo», que también son familias al igual que quienes deciden hacerlo en solitario, las numerosas o a las acogedoras. «Yo no excluyo familias ni etiqueto», dijo López, que advirtió de que la Junta no dará pasos atrás en sus objetivos de presentar una estrategia para combatir la homofobia y de crear un registro de familias monoporantales y que tampoco eliminará el Instituto Andaluz de la Mujer, como reclama el partido de Abascal.

La consejera recordó que por primera vez la Administración andaluza se ha presentado como acusación en una causa abierta por un delito de odio que tuvo como víctima a una persona homosexual y ante las acusaciones de Vox de que se ejerce el adoctrinamiento en las aulas aseguró que la Junta va seguir trabajando en la coeducación y en «enseñar respeto, igualdad y libertad». En su opinión, se trata de una tarea que tiene que comenzar en los hogares pero debe continuar en el sistema educativo.

El debate abierto sobre la agenda social tuvo otra arista en una proposición no de ley (PNL) presentada por el PSOE en la que se reclamaba la eliminación del teléfono contra la violencia intrafamiliar, un servicio abierto durante la anterior legislatura que los socialistas consideran una cesión a Vox porque a su juicio diluye la realidad de la violencia machista.

La socialista María Márquez argumentó que hablar de violencia intrafamiliar es cuestionar la violencia de género. «Parece mentira que tengamos que seguir explicándolo veinte años después», dijo la parlamentaria, para quien el Partido Popular no ha evolucionado.

En su respuesta, la diputada del PP María José de Alba aludió a las consecuencias de la aprobación de la ley del Sólo sí es sí para negar a los socialistas autoridad moral para medir el feminismo de otras formaciones políticas. La PNL fue rechazada.