La posible investidura de Pedro Sánchez obliga a acelerar la negociación por Doñana

Ninguno de los dos plazos tiene aún fechas fijas, pero el segundo es más perentorio que el primero. El pasado 3 de octubre, el presidente, Juanma Moreno, y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, hicieron pública su voluntad de buscar una solución para la actividad agrícola en el entorno de Doñana que no pasara por seguir adelante con la ley que regularizaba la situación de suelos de cultivo fuera de ordenación. En aquel momento se anunció un plazo de un mes o cuatro semanas para alcanzar un acuerdo. Las cuatro semanas ya se han sobrepasado, el pasado martes, y el mes se ha cumplido este viernes.

En teoría, al no haber todavía acuerdo el Partido Popular podría reactivar la tramitación de la ley, suspendida en aquella ocasión 24 horas antes de que su aprobación definitiva fuera incluida en el orden del día del siguiente pleno. Sin embargo, desde el comienzo de las conversaciones se dio por hecho de que aquel no era un plazo rígido y que la propuesta de ley no iría a pleno mientras las conversaciones estuvieran abiertas. Ese criterio no ha cambiado.

A estas alturas, el segundo vencimiento –el del mandato del actual gobierno de España en funciones- preocupa más que el primero. Con el acuerdo sustancial entre el PSOE y el nacionalismo catalán ya alcanzado para investir a Pedro Sánchez, los días del gobierno en funciones están contados y sólo resta por saber qué día de la semana próxima se votará la investidura.

En la Junta saben que un eventual cambio en la composición del nuevo gobierno presidido por Sánchez podría tener una repercusión directa sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo si Ribera sale del Ejecutivo o permanece con una responsabilidad diferente a la actual, algo que de momento sólo sabe Pedro Sánchez.

No se trata sólo de la vicepresidenta, sino de los miembros de su equipo que han estado al frente de las negociaciones: el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Páez.Con sánchez ninguna continuidad está asegurada y la sola posibilidad de que haya que entenderse con un nuevo equipo, lo que supondría retomar las conversaciones desde el inicio y perder gran parte de lo ganado hasta ahora, constituye para el Gobierno andaluz un escenario más que indeseable.

Y ello a pesar de que, de momento, no hay nada que indique que se está cerca de un acuerdo, salvo la voluntad manifestada por ambas partes de no dar pasos en la dirección de resucitar el conflicto.

La Junta de Andalucía está a la espera de recibir una propuesta del Gobierno de España que permita acercar ese acuerdo, pero de momento las propuestas y el interés de ambas administraciones han discurrido por vías paralelas. No opuestas, pero tampoco convergentes.

Del lado del Gobierno, se ha puesto el acento en medidas que se puedan impulsar para la reconversión económica de la zona mediante la aportación de 350 millones de euros a la que se ha comprometido.

Por parte de la Junta de Andalucía, el interés se centra sobre todo en dar respuesta a los agricultoras cuyas tierras quedaron al margen del Plan de la Fresa aprobado en 2014 y que albergaban la expectativa de que la aprobación de la ley de regularización de suelos de regadíos les solucionara el problema. En el ánimo de estos agricultores no reina de momento nada que pueda leerse como optimismo.

Lo que falta es que esas líneas de momento paralelas comiencen a converger y para ello el tiempo comienza a agotarse.