La posible anulación de la sentencia del caso de los ERE levanta ampollas en el Gobierno andaluz

Los consejeros se refirieron a la información publicada este lunes por el periódico digital The Objective que sostiene que el Constitucional elabora un documento que asume las tesis de las defensas de los condenados y por lo tanto podría sentar las bases de la anulación de la condena.

Tras conocerse esta información, el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, consideró que sería una «vergüenza y un escándalo» que este caso, en su opinión el de mayor corrupción en la historia de España, quedara impune.

Sanz mostró la «máxima preocupación» del Gobierno andaluz tras esa información, que apuntaría a una «marcha atrás que significaría la impunidad«. »Ya no sólo vemos que quedan impunes en este país delitos como la sedición o la malversación de fondos vinculados a lo que ha ocurrido con el independentismo, sino que ahora vemos que también el mayor escándalo de corrupción de la historia de la democracia se pretende que quede impune, bien por la vía de lo que vaya a ser esta decisión o bien por la vía del indulto«, afirmó.

Por su parte, el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, afirmó en la misma línea que una decisión en ese sentido constituiría un escándalo y recordó que el Constitucional no puede volver a juzgar un caso, sino que está para calibrar el alcance constitucional de las medidas adoptadas por otros tribunales.

«Pretender a través de ese informe trasladar la sensación de que no ha habido ninguna acción delictiva en Andalucía, cuando conocemos hechos probados en los que ha habido miles de millones de euros que se han utilizado políticamente, que se han malgastado sin control administrativo alguno, me parece que va en una dirección contraria a la del sentido común y no sólo al de la justicia», señaló Nieto, quien mostró su confianza en que el informe citado en la información no prospere.

También desde los partidos políticos se ha reaccionado a esta información. El portavoz parlamentario de Vox en el Parlamento, Manuel Gavira, acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de intentar exculpar a los socialistas andaluces condenados por los ERE, «para disimular lo que está sucediendo con la amnistía a los políticos catalanes que están chantajeando al Gobierno central en funciones y así poder tener una nueva investidura«.

Por su parte, el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, pidió que se respeten las deliberaciones o el procedimiento que se está siguiendo en relación a los recursos de amparo presentados por los condenados. «Hemos de respetar un poco más los procedimientos jurisdiccionales y, por supuesto, las deliberaciones o el procedimiento que está llevando a cabo el Tribunal Constitucional también en esto«, dijo

El pasado junio, la Sala Segunda del TC admitió a trámite los recursos de amparo de los expresidentes socialistas de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves, así como de la exministra socialista Magdalena Álvarez, el exdirector general de IDEA Miguel Ángel Serrano, el exdirector general de Trabajo Juan Márquez, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, el exviceconsejero del ramo Jesús María Rodríguez, la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, el exviceconsejero de Presidencia y exdirector general de Presupuestos de la Junta de Andalucía Antonio Vicente Lozano, y el exconsejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, condenados en este caso.

Miguel Ángel Serrano, Antonio Fernández, Francisco Vallejo, Jesús María Rodríguez y Carmen Martínez Aguayo están actualmente en prisión por el delito de malversación, mientras que la entrada en la cárcel de Griñán está suspendida cinco años debido al cáncer de próstata que padece. José Antonio Viera, aunque inicialmente entró en prisión, actualmente goza del tercer grado penitenciario por motivos de salud.

En el caso de Juan Márquez, su pena de cárcel está suspendida provisionalmente, después de que el Supremo estimase parcialmente su recurso de casación y redujese de su pena de prisión de siete años y un día a tres años, al apreciar la atenuante analógica de reparación del daño.

El pasado 26 de septiembre, el Constitucional acordó denegar las peticiones de Juan Márquez, Miguel Ángel Serrano, Antonio Fernández, Francisco Vallejo, Jesús María Rodríguez, José Antonio Viera y Carmen Martínez Aguayo, en demanda de la suspensión provisional de sus penas de prisión durante la tramitación de sus recursos de amparo. Griñán había desistido ya de su petición en ese sentido tras suspenderse su entrada en prisión.