¿Por qué estalló el campo?

La indignación que saltó de los campos de cultivo a las carreteras tuvo avisos más que suficientes. En meses y años anteriores ya hubo protestas por el reparto de la PAC (la Política Agraria Común que distribuye las subvenciones europeas al campo), que ha restado 500 millones de euros al campo andaluz ; por lo poco que las grandes distribuidoras pagan en origen aunque posteriormente los consumidores no lo noten en las góndolas de los supermercados; por la excesiva burocracia o por la aprobación de regulaciones laborales que no tienen en cuenta la realidad específica del campo. Las últimas protestas unicausales habían sido por las restricciones obligadas por la sequía.

Ahora, las protestas son por todo ello y por otros motivos aunque todo podría sintetizarse en una sola cuestión: la rentabilidad ha caído tanto que la viabilidad del sector primario en España -y posiblemente en el conjunto de Europa, porque no se trata de un problema doméstico- está cuestionada.

Aunque algunas decisiones que se toman en las instituciones comunitarias podrían invitar a pensar que en la falta de rentabilidad de la actividad agraria no constituye un problema que quite el sueño en Bruselas, para Andalucía es un drama. En esta comunidad la agricultura tiene un peso que es incomparable con el de cualquier otra economía regional española. El 8,9% del valor añadido bruto y el 9,6% del empleo -casi el doble de lo que representan en el conjunto de España- son generados por el sector primario, que además reúne el 32,4 por ciento de las exportaciones internacionales de la comunidad. Si la agricultura coge la gripe, la economía andaluza en su conjunto se expone a una neumonía.

Desgranar todas y cada una de las reivindicaciones que los agricultores han puesto sobre la mesa permite percibir la dimensión de la crisis a la que se enfrenta el sector.

La agricultura europea es un sector subvencionado. Desde su fundación, las instituciones comunitarias asumieron que un continente geográficamente pequeño, demográficamente urbanizado y con derechos sociales y laborales por encima de los del resto del mundo, el sector primario sólo podía garantizar la soberanía alimentaria europea sobre la base de fuertes ayudas públicas. Las decisiones adoptadas en Bruselas en los últimos años parecen indicar que aquella convicción fundacional de que había que evitar depender de terceros países para alimentarse podría haber comenzado a tambalearse.

Los agricultores apuntan en concreto contra varias de las normas adoptadas en los últimos tiempos como parte del compromiso europeo en el combate al cambio climático. En Europa parece haberse planteado una dicotomía entre agricultura y sostenibilidad en la que la prioridad es claramente esta última.

En ese marco que empieza a ser cuestionado se entienden normas impulsadas recientemente como la Ley de Fitosanitarios, que aspiraba a reducir la utilización de estos en un 50 por ciento a pesar de que aún no existen alternativas. Fue necesario que las protestas llegaran hasta el corazón de Bruselas para que se anunciara su retirada.

Otro ejemplo es la Ley de Restauración de la Naturaleza, de junio de 2022,con la que se pretende eliminar superficie agraria. A estas leyes se suman otras normas, como la que prohíbe la utilización de envases de plástico de menos de un kilo y medio, cuya aplicación podría crear graves problemas a sectores como los de los frutos rojos.

Recientemente, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von del Leyen, propuso iniciar un debate estratégico centrado en el sector primario, pero hay quienes se preguntan si esta iniciativa no se ha demorado demasiado.

Los agricultores denuncian también que las estrictas norman que les impone Europa, que obligan además a una agobiante actividad burocrática para la que muchos carecen de recursos, no se exigen a los terceros países. Por ese motivo reclaman las llamadas cláusulas espejo, que obligarían a los agricultores que exportan sus productos a la UE desde terceros países a cumplir con los mismos requisitos en materia sanitaria y medioambiental que se imponen a los productores comunitarios. Los agricultores entienden la ausencia de esas condiciones recíprocas como una muestra de la hipocresía de los responsables comunitarios en sus posiciones medioambientalistas.

A este cúmulo de medidas dictadas desde Bruselas que los agricultores ven como hostiles hacia el sector primario se suman otras de carácter doméstico, como la presión que ejercen las grandes comercializadoras para reducir los precios en origen y obtener grandes beneficios en la intermediación.

La Ley de Cadena Alimentaria, aprobada en 2021, que prohibe la venta a pérdida, no ha alcanzado su objetivo y fue una de las cuestiones puestas sobre la mesa esta semana por las organizaciones agrarias que mantuvieron una reunión con el ministro de Agricultura, Luis Planas.

Y todo esto ha sucedido en un contexto en el que la guerra de Ucrania disparó los costes energéticos hasta el punto de poner en jaque la rentabilidad de muchas explotaciones.

La sequía, de cuyas consecuencias se sufren ahora las peores consecuencias pero que viene enseñando sus fauces desde hace cinco años, no ha hecho otra cosa que dar la puntilla. Demasiados motivos para que el campo no acabara estallando. La pregunta, si acaso, es por qué no lo hizo antes.