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La decisión del Gobierno central de aumentar el caudal ecológico del río Tajo por encima de lo pactado en el Consejo Nacional del Agua ha abierto un nuevo frente de confrontación entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central. El choque se produce en ... plena crisis por la sequía y tras comprobarse que a pesar de las lluvias de las últimas semanas las reservas hidrológicas de Andalucía están por debajo de las que había hace un año.
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, firmó este martes tras la celebración del Consejo de Gobierno una carta dirigida al Consejo de Estado en la que pide audiencia para presentar la alegaciones del Gobierno andaluz al Plan Hidrológico del Tajo para el periodo 2020-2027, en el que el Ejecutivo central ha previsto el aumento del caudal ecológico, lo que se traduciría en un recorte del trasvase que reciben Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana.
Andalucía se suma de esa manera a las otras dos comunidades perjudicadas por la decisión del Gobierno, que supondrá una rebaja de 105 hectómetros cúbicos con respecto a los 290 hectómetros inicialmente previstos. Un 30 por ciento de este volumen correspondería a la provincia de Almería
La consejera de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, lamentó este martes que Moreno haya tenido que recurrir a la instancia de llevar el asunto al Consejo de Estado, que supone una denuncia pública de la decisión adoptada por el Gobierno de aumentar de manera unilateral el volumen del caudal ecológico que obligatoriamente debía reservarse en el cauce de Tajo, establecido inicialmente en 6 metros cúbicos por segundo y que el Gobierno ha aumentado a 8,6 metros cúbicos. Ese diferencial en la cantidad de agua que se destinará al trasvase supondrá la pérdida de 105 hectómetros cúbicos para las tres comunidades beneficiadas por el trasvase y según Crespo se traducirá en un «jaque mate» a la producción de frutas y hortalizas en el levante almeriense. Se trata, en su opinión, de «una decisión caprichosa no basada en recomendación científicas».
Según la Junta, este aumento en el caudal ecológico no atiende a criterios científicos y fue decidido unilateralmente por el Gobierno atendiendo a criterios políticos.
En la carta, Juanma Moreno alude al perjuicio que esta decisión provocará sobre una actividad económica esencial para la zona, como es la agricultura de alto valor añadido, que es fundamental para fijar población en un territorio que sufre un problema estructural de falta de recursos hídricos.
Este frente entre la Junta y el Gobierno se abre en un momento en el que la sequía se ha instalado como una preocupación permanente y prioritaria para el Ejecutivo andaluz. Andalucía ha iniciado el año con sus embalses al 29 por ciento y con 318 hectómetros cúbicos menos que hace un año. Según Carmen Crespo, «para solucionar esta situación, debería llover durante diez semanas».
Después de las últimas lluvias, el agua embalsada en la cuenca del Guadalquivir ha aumentado en 15 hectómetros cúbicos (+0,19%) hasta alcanzar los 1.946. Esta cuencta está al 24,23% de su capacidad. La Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas cuenta con 445 hectómetros (37,9%), manteniéndose el mismo volumen almacenado. El agua embalsada en Guadalete-Barbate asciende a 488 hm3 (29,56% de su capacidad). Finalmente, la cuenca Tinto-Odiel-Piedras-Chanza alcanza los 192 hectómetros (83,8%), y no ha experimentado ningún cambio en los últimos días.
El Consejo de Gobierno de Andalucía aprobó este martes diversas obras de depuración de aguas en las provincias de Málaga, Granada y Córdoba. La Junta Gobierno tomó conocimiento de la firma del contrato de obras hidráulicas para la construcción de la agrupación de vertidos y la estación depuradora de aguas (EDAR) en Cuevas Bajas (Málaga). La inversión supera los 3,9 millones de euros y afecta a una población de más de 1.400 personas. El plazo de ejecución será de 18 meses.
Las obras consistirán en la construcción de dos colectores de gravedad de 310 y 110 metros para la recogida de las aguas residuales tanto del núcleo urbano como del polígono industrial. Igualmente contempla la estación de bombeo que impulsará la agrupación de todos los vertidos a la nueva EDAR y el colector de bombeo que tendrá una longitud superior a un kilómetro.
Asimismo, se aprobó el gasto de cerca de 12 millones de euros para la contratación de obras de depuración de diversos núcleos de población de un total de siete municipios de la provincia de Granada. Esta inversión, que se desglosa en tres lotes diferentes, se destina a la construcción de infraestructuras hidráulicas que permitan agrupar y recoger los vertidos de las localidades y conducirlas hasta las respectivas Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) para su tratamiento.
También se aprobó el gasto de 9,6 millones de euros para mejorar la depuración de aguas residuales de tres núcleos urbanos de la provincia de Córdoba. En concreto, los proyectos impulsan nuevos colectores y estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) en Fuente Tójar, El Guijo y Algallarín (término municipal de Adamuz). El Ejecutivo andaluz estima que estas labores permitirán crear alrededor de 145 empleos verdes y que, en total, beneficiarán a unos 2.375 cordobeses.
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