Las piezas de la financiación autonómica no encajan

Andalucía es una de las comunidades, aunque no la única, más perjudicadas. Desde que se puso en marcha el actual sistema, en 2009, su financiación siempre se ha situado por debajo de la media del conjuto de comunidades, con un déficit anual estimado en unos 800 millones de euros, pero que en algunos ejercicios se situó por encima de los mil millones.

Otro de los problemas del actual sistema es su complejidad, producto también de cómo se fue configurando a lo largo de la historia. Las piezas que contienen conceptos como los de la correponsabilidad fiscal, la autonomía financiera, el respeto a los derechos adquiridos y la igualdad de los españoles independientemente del territorio en el que vivan no son sencillas de encajar.

Pero el principal problema es político. Una reforma del sistema requiere de un acuerdo a gran escala entre partidos que gobiernan comunidades que en algunos casos se benefician del actual sistema y que en otros, como en el caso de Andalucía, salen claramente perjudicadas. Por ello, no ha sorprendido que Andalucía, gobernada por el PP y Ciudadanos, se haya aliado con Valencia, con presidente socialista, para formar un frente común en reclamo de un nuevo sistema al que también se ha sumado Murcia. Entre las que salen más beneficiadas destacan Cantabria, La Rioja, Asturias y Castilla y León.

El actual sistema cuenta con cuatro pilares. Dos de ellos, el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales y el Fondo de Suficiencia Global ya existían con anterioridad. Los Fondos de Competitividad, con los que se intenta reducir las diferencias de financiación por habitante entre comunidades autónomas, y los Fondos de Cooperación, destinados a las comunidades con dinámica de pérdida de población, se incorporaron con el actual sistema.

Un documento de trabajo elaborado por el Parlamento de Andalucía en 2018, que contó con la aprobación de todos los grupos con representación en la anterior legislatura salvo Ciudadanos, ya reconocía que a pesar de los objetivos declarados del actual modelo, su aplicación unida a la caída de ingresos por la crisis económica derivaron en una financiación insuficiente.

La mayor parte de los recursos provienen de la capacidad tributaria de las comunidades, un concepto que incluye la recaudación que teóricamente se produce en cada una de ellas sin tener en cuenta las reducciones o aumentos aplicados en función de su autonomía en los tributos de gestión propia y en aquellos, como el IRPF, donde tiene competencias normativas en el tramo autonómico. Esto supone que si una autonomía decide aplicar una reducción fiscal en alguno de estos impuestos, el Estado toma en cuenta lo que hubiese recaudado sin aplicar esa rebaja.

Las comunidades autónomas aportan un 75% de esa capacidad tributaria al Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, que después se reparte por el sistema de población ajustada, un concepto que parte de la población real y se corrige en función de apartados que toman en cuenta las circunstancias especiales que condicionan la prestación de servicios, como las edades de la población (se considera que las personas mayores requieren de mayor protección), los habitantes en edad escolar o, en su caso, la insularidad o la dispersión. Según los datos de 2018, último ejercicio liquidado, a Andalucía le correspondería por población real (excluyendo las comunidades forales, que están fuera del sistema) el 19,18% de los recursos. Al aplicarse la población ajustada se le adjudicó el 18,74%.

No obstante, no es en este apartado en el que Andalucía sale más perjudicada sino en el Fondo de Suficiencia Global, una aportación del Estado incluida en la ley de 2009 calculada en función de lo que cada Comunidad venía recibiendo en sistemas anteriores por la aplicación de la cláusula 'statu quo', que consiste en que ninguna comunidad perciba menos de lo que recibía. Esta cláusula ha perpetuado las diferencias preexistentes.

Del Fondo de Suficiencia Global, Andalucía recibió en 2018, último año liquidado, 490 millones de euros ( 60 euros por habitante, ajustado); Valencia tuvo que devolver 1.411 millones de euros (-292 euros por habitante ajustado) y Cantabria, la más beneficiada, recibió 479 millones (817 euros por habitante ajustado).

Estos recursos, junto a los Fondos de Convergencia Autonómica, componen la financiación definitiva de las comunidades, por la que en 2018, Andalucía recibió 2.597 euros por habitante ajustado, mientras que la financiación media por habitante ajustado, para el conjunto de comunidades de régimen común (es decir, sin tener en cuenta a País Vasco y Navarra), fue de 2.698 euros, lo que supone que Andalucía recibió 101 euros por habitante ajustado menos que la media española.

Esta diferencia es aún más profunda si en lugar de la población ajustada se considera la población real, en cuyo caso, Andalucía recibiría 2.537 euros por habitante, lo que supondría 161 euros por habitante más de lo que en realidad percibe.

Desde que se puso en marcha el actual sistema y tomando en cuenta sólo hasta el últimos ejercicio liquidado (es decir, entre 2009 y 2018), Andalucía ha recibido, según los datos de la Junta, 7.241 millones menos que la media tomando como referencia la población ajustada. Si se toma en consideración la población real, el déficit acumulado asciende a 11.810 millones de euros.