El paro del transporte por carretera, que este miércoles cumplirá diez días, ya ha causado en la economía andaluza un estrago de 600 millones de euros. Esa es la cantidad que, según las estimaciones de la Junta, suman las pérdidas de toda la cadena alimentaria en el territorio de la comunidad autónoma, los que incluye al sector primario, la cadena de distribución y la hostelería.
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El Gobierno andaluz no tiene dudas acerca de cómo resolver el conflicto que ha paralizado el transporte por carretera. Según el presidente de la Junta, Juanma Moreno, la solución pasa por una reducción inmediata de la fiscalidad que grava a los combustibles. «Todo el país está esperando que tome decisiones», dijo el presidente de la Junta, Juanma Moreno, tras presidir este martes en Carmona la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta.
El vicepresidente, Juan Marín, explicó que el sector de la alimentación está siendo el más perjudicado por el paro, ya que a la situación del agro y de la flota pesquera, que se encuentra amarrada a puerto, se suma el desabastecimiento de algunos productos básicos en supermercados y en la hostelería.
Ante esta situación, el Gobierno andaluz considera que la medida más rápida y efectiva pasa por reducir la carga fiscal de los combustibles, especialmente del IVA, que en su opinión debería bajar de manera inmediata. Como las comunidades autónomas perciben el 50 por ciento de lo que el Estado ingresa por ese impuesto, Moreno mostró la disposición de la Junta a asumir esa merma en la llegada de fondos. La Junta ha propuesto también una reprogramación de los fondos europeos Next Generation para que las administraciones cubran ese déficit.
Para el presidente de la Junta, la reducción fiscal es una decisión que se puede adoptar de forma rápida, que no necesita grandes reformas normativas y que no debe limitarse solamente al IVA. «Nosotros somos partidarios de rebajar todos los impuestos y todas las tasas vinculadas a los hidrocarburos», explicó.
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Moreno acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de no saber o no querer bajar impuestos y se preguntó a qué está esperando para tomar una medida que, advirtió, no puede demorarse hasta el día 29 ya que la economía se está desangrando. «Es una hemorragia en la economía que hay que sellarla ya con un acuerdo con los transportistas urgente», recalcó el presidente andaluz, que acusó al Gobierno de estar enrocado en una posición absurda.
El presidente apuntó también a otro aspecto que está marcando este conflicto: la resistencia del Gobierno a sentarse con la organización que ha convocado la protesta, a la que acusa de no ser representativa y de estar haciendo uso de la violencia. Para Moreno, que la semana pasada condenó los actos violentos, el Gobierno central debe sentarse con todos los sectores sin exclusiones y no levantarse de la mesa hasta alcanzar un acuerdo.
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En este contexto de conflicto con graves repercusiones sobre la economía, el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó este martes encargar a la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades la puesta en marcha de un paquete de cinco medidas para preservar la competitividad de la industria andaluza ante la crisis internacional de materiales primas y suministros.
Entre esas acciones, el Gobierno andaluz está ultimando la puesta en marcha de un instrumento financiero que dé rspuesta a las tensiones de liquidez de pymes y autónomos de este sector avalando préstamos que suman un montante de 15 millones de euros.
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Según el Gobierno andaluz, la escalada de precios de las materias primas y las dificultades en el aprovisionamiento de materiales y componentes para la manufactura de productos industriales están provocando tanto una reducción en los márgenes de venta como retrasos en la producción, factores que conllevan problemas con el capital circulante del tejido industrial.
Para paliar esa situación, la Consejería recurrirá a la Sociedad de Garantía Recíproca (Garántia), a la que dotará económicamente para avalar operaciones formalizadas entre empresas y entidades financieras por un importe total de 15 millones de euros. Se prevé que puedan optar a este mecanismo unas 600 empresas de la industria manufacturera con un importe medio prestado alcanzará los 25.000 euros por operación financiera.
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