¿Qué pasó con la policía autonómica?

Susana Díaz tiene en su agenda una reunión pendiente con el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. La presidenta de la Junta anunció esta reunión, aún sin fecha, con el objetivo de «garantizar y reforzar la colaboración» en materia de seguridad frente a la amenaza terrorista tras los últimos atentados en Barcelona y Cambrils el pasado agosto, que se cobraron la vida de 16 personas. Díaz, sin embargo, pese a presidir la comunidad más poblada, de mayor extensión y con fronteras sensibles en materia de seguridad, nunca podría mantener una reunión bilateral con el Gobierno de España en esta materia con la interlocución que sí lo puede hacer Cataluña (al margen de su actual conflicto secesionista), como se vio tras los atentados.

Todo lo más puede ir de oyente a esa reunión. Aunque Cataluña y Andalucía incluyen en sus estatutos el mismo techo competencial, nuestra autonomía nunca lo ha desarrollado del todo. No cuenta, por ejemplo, con una policía autónoma con competencias de seguridad y judicial como los Mossos d’Esquadra y la Ertzaintza. Por tanto, tampoco con una comisión de seguridad bilateral Gobierno-Junta.

Sí tiene el derecho a tenerlos, pero no lo ha ejercido. Así lo recoge tanto el Estatuto de Autonomía de 1981 como el Estatuto reformado de 2007. Lo que conocemos como policía autonómica no lo es en realidad. Se trata de una unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Junta de Andalucía de la que el próximo año se cumple su 25 aniversario. Se creó en 1993 con una dotación de cien agentes mediante un convenio con el Gobierno central, como los de otras comunidades como Galicia y Comunidad Valenciana. Estas dos también incluyen en sus estatutos la potestad de una policía propia, pero tampoco la han creado.

La unidad de policías nacionales adscrita a la Junta andaluza cuenta en la actualidad con 536 agentes repartidos por las ocho provincias, aunque con el contingente mayor – en torno a un centenar– está destinado en Sevilla para labores de escolta y custodia de sedes como la de la Presidencia en el palacio San Telmo y el Parlamento. Como miembros de las fuerzas de seguridad del Estado dependen del Ministerio del Interior, que dirige Zoido, aunque funcionalmente obedecen órdenes de la Junta, en concreto de la Consejería de Interior y Justicia, con Rosa Aguilar como titular. Ambas administraciones se reparten el coste salarial, el básico lo abona el ministerio y la Junta el gasto de material, equipamiento y unos complementos salariales que hacen de efecto llamada a la unidad andaluza. Sus competencias son numerosas, desde perseguir delitos medioambientales o contra el juego, vigilar la protección del patrimonio natural e histórico, a la ayuda a menores y a las víctimas de violencia machista. En definitiva –apunta el director general de Interior, Emergencia y Protección, Demetrio Pérez– todas actuaciones policiales relacionadas con competencias cedidas a la comunidad autónoma.

Lo que ocurre es que para un territorio tan vasto como el andaluz y con 8,4 millones de habitantes, la dotación de medio millar de agentes resulta insuficiente. No solo no se ha alcanzado los más de 700 que recoge el actual convenio con el Ministerio del Interior, sino que ha disminuido en 88 personas la dotación de agentes y más de un millón de euros la presupuestaria desde 2013, cuando contaba con más de cuatro millones de euros.

La Junta intenta un aumento de recursos humanos, aunque aún no ha logrado que el Ministerio del Interior se siente a hablar de ello, dicen fuentes andaluzas. Esta cortedad de recursos humanos obliga a compartir tareas con el Seprona de la Guardia Civil en materia medioambiental y con la Policía nacional en áreas urbanas, entre otras. Pese a ello, el balance de esta unidad en su casi cuarto de siglo es positivo, insiste el director general de Interior, Demetrio Pérez. En su opinión esta policía está realizando una labor social de gran envergadura, en colaboración siempre con la Policía y la Guardia Civil. El que la vestimenta sea igual a la de los policías nacionales, salvo por un distintivo con la bandera y escudo andaluz, ha contribuido a su escasa visibilidad y a que se le confunda con los nacionales. «El suyo ha sido un trabajo callado con el mérito de no caer en el error de competir con otras fuerzas policiales», esboza Demetrio Pérez.

Este papel discreto no se corresponde con el que se pensó para la policía autonómica en las dos primeras décadas de la democracia. El PSOE, único partido que ha presidido la Junta, prometió varias veces en sus programas electorales la creación de un cuerpo de policía en cumplimiento del Estatuto, para lo que era necesario una ley orgánica y el consenso del Gobierno central.

Hubo un momento en el que estuvo a punto de hacerse realidad. Corría el año 2001 y era ministro del Interior el ahora presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Manuel Chaves gobernaba con el apoyo del PA y al frente de la Consejería de Gobernación (ahora Interior) estaba el fallecido Alfonso Perales. Tanto PA como IU presionaban desde hacía tiempo para que se creara la policía autonómica.

Hubo un detonante que precipitó la elaboración de una ley con tal propósito, el robo de expedientes de los juzgados de Marbella relacionado con investigaciones al entonces alcalde de este municipio y presidente del Atlético de Madrid, el fallecido Jesús Gil. Perales también argumentó la inseguridad ciudadana que provocaba la ‘movida’ nocturna de jóvenes en ciudades como Granada, Málaga y Sevilla. Los conocidos ‘botellones’, que tantos quebraderos de cabeza dieron entonces a una joven concejala de Juventud del Ayuntamiento hispalense: Susana Díaz. «Que beba en la calle todo el que quiera; yo también hago botellón»). El anuncio se hizo en verano y en noviembre de 2001 ya había un borrador que proponía una policía con competencias parecidas a las de la unidad adscrita de la Policía Nacional, muy lejos de las de los Mossos catalanes y los ertzainas vascos.

Alfonso Perales rectificó semanas después anunciando en el Parlamento que la policía andaluza tendría competencias de seguridad ciudadana y tráfico, aunque supeditado todo a un acuerdo con el Gobierno de José María Aznar. El fallecido político llegó a vaticinar que el despliegue definitivo de la policía andaluza debía culminar en diez años con una plantilla de 5.000 agentes. Eso sí, recalcó que esa policía igual a la de Cataluña y País vasco «sustituirá, pero no desplazará a otros cuerpos», en alusión a la Guardia Civil y Policía Nacional. Los portavoces del PA, José Calvo Poyato, y de IU, Antonio Romero, consideraron «excesivo» el plazo de diez años.

¿Qué pasó con aquella ley? No fue aprobada por el Gobierno de la Junta hasta octubre de 2003, cuando quedaban solo seis meses para las elecciones autonómicas y nacionales. Al contrario de lo anunciado en 2001, la norma no contemplaba competencias judiciales y de seguridad al no contar con el beneplácito del Gobierno, que se negaba a reformar la Ley Orgánica de las Fuerzas de Seguridad del Estado de 1986. Ya era ministro del Interior Ángel Acebes.

Varias fuentes consultadas coinciden en que la policía autonómica no era una prioridad ni para el PSOE ni para el PP entonces en el Gobierno. Alfonso Perales admitió incluso que no había mucho tiempo para que el Parlamento aprobase la norma antes de las elecciones. Así fue. Al convocarse elecciones, la ley decayó. Para salir adelante habría de elaborarse otro proyecto de ley. A priori no debería haber ninguna dificultad.

En marzo de 2004 Manuel Chaves recupera la mayoría absoluta del PSOE en Andalucía después de perderla diez años antes. José Luis Rodríguez Zapatero gana la Moncloa. Alfonso Perales deja la Consejería de Gobernación y se marcha a la ejecutiva federal del PSOE como número cuatro. Desde esta y como diputado nacional fragua el consenso con los demás partidos, sobre todo el PP, para las reformas estatutarias de la Comunidad Valenciana y Andalucía, en las que se incluyen el derecho a una policía autonómica, pero supeditada a la Constitución y a una ley consensuada con el Gobierno.

En marzo de 2004, Chaves asegura que retomará con Zapatero el proyecto de la policía autonómica. Cuatro años después, en febrero de 2008, víspera de unas nuevas elecciones, Manuel Chaves y el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, firman un nuevo convenio para potenciar la unidad de la policía adscrita hasta una dotación de un millar de agentes. Preguntado por la policía autonómica, el entonces presidente respondió: «En estos momentos no es la prioridad».

La ley para que Andalucía tuviera una policía propia como los Mossos d’Esquadra quedó para siempre en el cajón del olvido. No fue tampoco una prioridad para José Antonio Griñán, pese a que fichó como director general de Interior al que había sido director de la Ertzaintza, José Antonio Varela. Y menos aún para Susana Díaz, que al ser preguntada en alguna ocasión llegó a decir que no hay nada más andaluz que un guardia civil.

• Temas
• Manuel Chaves González
• José Luis Rodríguez Zapatero
• Susana Díaz
• Juan Ignacio Zoido
• Policía Nacional
• Junta de Andalucía
• PSOE Partido Socialista Obrero Español