El Partido Popular lleva el 'caso Isofoton' al Congreso e interpelará a tres ministros

El Partido Popular va a llevar la próxima semana al Congreso de los Diputados el 'caso Isofoton'. Lo hará el próximo miércoles con sendas preguntas a los dos ministros que participaron en 2012, cuando eran consejeros de la Junta de Andalucía, en una Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno autonómico en la que se aprobó la concesión de un préstamo a esa sociedad por 8,3 millones de euros. El acta de esa reunión fue solicitada recientemente por la jueza que instruye la causa para vincularla al procedimiento.

Las preguntas se dirigirán a la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, entonces consejera del Salud y Bienestar Social, y a Luis Planas, actual ministro de Agricultura y entonces consejero de la cartera homóloga. Una tercera pregunta irá dirigida a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que fue directiva de Isofoton en la época en la que la sociedad percibió algunas de las ayudas que ahora se investigan.

La diputada por Málaga Carolina España será la que dirija la pregunta a la ministra de Hacienda, a quien le requerirá que responda si dimitirá en caso de que la jueza instructora decida investigarla.

Asimismo, Milagros Marcos, diputada por Palencia, dirigirá a Luis Planas la pregunta de si «participó directamente en la concesión de subvenciones ilegales» a Isofoton.

Por último, el diputado por el PP de Jaén Diego Requena se dirigirá a Teresa Ribera, a quien le preguntará los motivos por los que no ha incluido en su currículum su paso por Isofoton como directiva de esa empresa.

El 'caso Isofoton' pretende dilucidar si hubo irregularidades en la concesión de ayudas de distintos tipo -avales, préstamos e incentivos directos a fondo perdido- por 80 millones de euros a la empresa malagueña que aparentemente se otorgaron sin cumplirse los requisitos de control.

En 2010 la empresa fue adquirida por un euro, dado que se encontraba en una situación de gran dificultad, y sin embargo a partir de ese momento recibió avales y préstamos por más de 37 millones de euros. Lo que la justicia intenta determinar es cómo fue posible que se siguieran concediendo ayudas cuando la inviabilidad de la empresa era evidente.