Una partida de 112 millones para educación infantil abre otro conflicto entre el Gobierno y la Junta

La ministra de Educación, Pilar Alegría, comunicó este martes la decisión del Gobierno de repartir los primeros 32 millones de euros en una intervención en la que no ahorró críticas al Gobierno de la Junta, al que acusó de haber rechazado una partida que hubiese permitido crear 12.000 plazas públicas de educación infantil en la comunidad autónoma.

La decisión del Gobierno andaluz de renunciar a esos fondos, procedentes de Europa, obedece a la falta de acuerdo con el Ejecutivo central sobre la manera de destinarlos al fin que las autoridades comunitarias habían fijado para los mismos.

La partida, que forma parte de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia movilizados por las instituciones comunitarias como parte de la respuesta europea a la crisis causada por la pandemia, tenía como destino obligatorio el fortalecimiento de la educación infantil. En el momento de fijar los criterios para su reparto en España, el Gobierno decidió que estos recursos sólo podrían ser utilizados para la creación de nuevas plazas públicas y gratuitas de cero a dos años.

En Andalucía, según la información aportada por la Junta, no existe necesidad de nuevas plazas, ya que el sistema educativo andaluz para ese tramo de edad, tiene un superávit de casi 20.000 plazas debido a la caída de la natalidad.

El modelo, implantado desde hace décadas, se sustenta principalmente en escuelas infantiles y guarderías privadas en las que se fija un precio y la Junta bonifica las plazas en función de la renta. En la actualidad, el 50 por ciento de los alumnos tienen gratuidad total y el 98 por ciento cuenta con algún tipo de bonificación.

Durante el debate abierto con el Gobierno tras la adjudicación a Andalucía de los 112 millones de euros, la Junta de Andalucía argumentó que la necesidad de la comunidad no era la de crear nuevas plazas, sino de avanzar en la gratuidad mediante la ampliación del sistema de bonificaciones. La creación de más escuelas públicas, según expuso la Consejería de Educación, Carmen Castillo, hubiese llevado a la desaparición de centros ya en funcionamiento, en los que trabajan unas 12.000 personas, la mayoría mujeres.

Por ese motivo, la Junta reclamó una flexibilización de las normas fijadas por el Ejecutivo central como el que se concedió a otras comunidades, como el País Vasco. El Gobierno se mantuvo inflexible y la Junta, tras analizar la cuestión con el sector que presta mayoritariamente el servicio en la comunidad, optó por renunciar a los fondos. «Es muy difícil de explicar el empecinamiento en el modelo de creación de plazas», dijo Castillo.

La consejera recordó que el modelo actual, sustentado en centros privados, fue creado en Andalucía bajo gobiernos socialistas y que la Junta lleva desde 2020 intentando encontrar una fórmula que permita dar a los fondos el destino que permita avanzar en la gratuidad de este servicio.

En la actualidad existen en Andalucía 2.200 centros para niños de cero a dos años, de los que 721 son públicos (170 de ellos de la Junta) y 1.479, privados adheridos al programa de la Junta de ayudas a las familias. Además hay 196 centros privados no adheridos.

La oferta del curso que acaba de comenzar es de 124.660 plazas, de las que hasta el pasado 2 de septiembre estaban ocupadas 89.000, con la previsión de alcanzar las 105.000.

El 50 por ciento de los alumnos tienen gratuidad total y alrededor del 98 por ciento, algún tipo de bonificación, según la información aportada por la Consejería de Desarrollo educativo. La Junta invierte cada año 250 millones de euros en bonificaciones.