Política andaluza
El Parlamento de Andalucía iniciará en el curso parlamentario que acaba de comenzar el texto legal que consagrará con rango legal el diálogo social. La proposición de ley, presentada por el Grupo Popular de forma simultánea al acuerdo firmado por el presidente de la Junta, ... Juanma Moreno, con los principales actores sociales de Andalucía (la Confederación de Empresarios y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT) ya ha sido remitido desde la Cámara autonómica al Consejo de Gobierno para que éste se pronuncie, primer paso del proceso que debe concluir con la aprobación de la ley.
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El objetivo de esta norma, dar rango institucional y obligatorio al diálogo social en materia de políticas públicas, está contenido en el Estatuto de Autonomía de Andalucía desde que éste fue reformado en 2007, aunque hasta ahora no existe una ley que lo recoja.
El texto, que consta de ocho artículos, consagrará el derecho de los actores sociales más representativos conocer, con carácter previo a su aprobación, los anteproyectos de leyes relacionados con las materias de su competencia, así como los proyectos de reglamentos que los desarrollen.
También obligará a que sean consultados en la elaboración de las iniciativas legislativas o reglamentarias en materias de su competencia, podrán proponer criterios y líneas generales de actuación en esas materias y participar en la elaboración de los planes desarrollados en los ámbitos socioeconómicos y laboral.
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Para el consejero de Presidencia y Diálogo Social, Antonio Sanz, la importancia de esta ley radica en que es pionera en la relaciones de la Administración con los sindicatos y supone, en su opinión, un paso decisivo para elevar el diálogo social a su máxima categoría al darle rango legal
También destacó que dota de transparencia y seguridad jurídica el ejercicio de la participación de los agentes sociales en los distintos órganos institucionales donde tienen presencia.
La ley concederá este derecho a la participación a las entidades que tienen la consideración de más representativas de acuerdo a datos objetivos y excluirá a las que no representan los intereses que les son propios a las organizaciones sindicales y empresariales.
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