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JOSÉ LUIS PIEDRA
SEVILLA.
Viernes, 15 de noviembre 2019, 00:03
El Parlamento andaluz se ha marcado como reto promover un gran pacto social por la educación y desde ayer ya se ha puesto deberes para ello con la aprobación, sin ningún voto en contra, de la propuesta planteada por PP-A y Ciudadadanos de crear un grupo de trabajo que se ponga manos a la obra a la búsqueda de ese complicado acuerdo educativo. La iniciativa salió adelante con los votos favorables de los grupos que conforman el Gobierno -PP-A y Cs- y contó con el apoyo de su socio parlamentario -Vox-, mientras que la oposición de PSOE-A y Adelante Andalucía optaron por abstenerse.
El grupo de trabajo, que realizará su labor en el seno de la Comisión Educación y Deporte, pretende consensuar un modelo que permita dejar al margen de las tensiones y disputas políticas a la educación y evitar así las continuas reformas partidistas. La iniciativa fue defendida por los parlamentarios del PP-A Miguel Ángel Ruiz y de Cs María del Mar Sánchez, que coincidieron en resaltar a la educación como un pilar esencial para el desarrollo y el futuro de Andalucía y también para la igualdad de oportunidades.
A su juicio, «la educación no debería ser utilizada nunca como un arma arrojadiza permanente en la lucha política y que la sociedad, en general, y la comunidad educativa, en particular, están ya cansadas de que las distintas reformas educativas dependan del color político de los gobiernos de turno, causando un grave perjuicio a lo que debe ser un servicio de calidad y generando una constante inestabilidad e incertidumbre en el sistema educativo».
Los partidos que configuran el Ejecutivo autonómico consideran que este pacto educativo es «necesario y urgente» para consolidar un sistema básico y de calidad. Asimismo, sostienen que los representantes políticos de la ciudadanía deben escuchar a la comunidad educativa para ponerse de acuerdo en una serie de cuestiones básicas y esenciales que son necesarias para asegurar el futuro del sistema educativo. La oposición, por su parte, acogió con reticencias la propuesta de este pacto pero no rechazó la iniciativa, cuyo éxito supeditó a un cambio en las actuales políticas educativas que está impulsando el Gobierno de Juanma Moreno.
El parlamentario socialista Juan Pablo Durán sostuvo en su intervención que la Consejería de Educación no está propiciando precisamente la atmósfera necesaria para fomentar este acuerdo, aunque no descartó el apoyo de su grupo si se paralizan iniciativas como el pin parental o si se acometen medidas que den respuesta a la situación de los 2.500 interinos o de las 73 trabajadoras de escuelas infantiles que fueron despedidas. En la misma línea se posicionó la diputada de Adelante Andalucía Ana Naranjo, que confesó gustarle «la música de este pacto que suena bien pero que solo persigue aparentar que el Gobierno andaluz se preocupa por la educación pública», aunque cuestionó que verdaderamente esté comprometido con ella.
En su opinión, «esa propuesta pretende limpiar la imagen de un gobierno que con sus políticas diarias ponen en riesgo las políticas públicas de educación». Por último, la representante de Vox en este debate, María José Piñero, apoyó la iniciativa pero fue mucho más allá al pedir que el pacto no se circunscriba únicamente al ámbito educativo.
En este sentido, consideró que para que el acuerdo sea realmente eficaz no solo debe contar con el apoyo de la comunidad educativa --padres, alumnos, profesores-- sino que debe implicar también a la sociedad en general y contar con los sindicatos y empresarios, para concluir desatacando que, en cualquier caso, este pacto «es una necesidad perentoria desde hace muchos años en Andalucía y España».
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