El Parlamento retoma la unanimidad para garantizar los centros de educación especial en Andalucía

El colectivo de escolares con necesidades educativas especiales volvió a suscitar el consenso de todos los grupos parlamentarios, que parecen haber pasado página de sus refriegas electorales abriendo paso ahora a acuerdos hasta hace poco utópicos. Si el jueves fueron los órganos de extracción parlamentaria y la defensa de la educación infantil universal y gratuita las que retomaron la senda del acuerdo entre los distintos grupos, fue la iniciativa presentada por Ciudadanos relativa al mantenimiento de los centros de educación especial existentes en la comunidad que pretendía garantizar la atención y necesidades de estos menores.

No obstante, la colisión entre el bloque que conforma el Gobierno andaluz –PP y Cs- y el grupo que lo sostiene -Vox- y la oposición -PSOE-A y Adelante Andalucía- volvió a la escena parlamentaria a colación de dos iniciativas parlamentarias presentadas por los socialitas y que resultaron rechazadas. En concreto, defendían desde el PSOE-A la creación de un grupo de trabajo para mejorar la atención a los mayores que viven solos y el impulso del incremento del salario mínimo en los servicios financiados por la Junta. La división entre ambos bloques parlamentarios también afloró en el debate de la proposición no de ley liderada por el PP-A relativa a la modificación y corrección de errores de determinados índices de rendimiento en los módulos del IRPF en para actividades agroganaderas en circunstancias excepcionales, que sí contó con la luz verde del Pleno pero solo con los votos de populares, Cs y Vox.

El consenso parlamentario regresó con la proposición no de ley Cs que defendía la labor y permanencia de los centros educativos especiales que aspira a garantizar los derechos de los alumnos con necesidades especiales a ser escolarizados ya sea en centros ordinarios, de educación especial o en aulas específicas con el objetivo de asegurarles una educación de calidad, personalizada y adecuada a sus características. La iniciativa de la formación naranja persigue también la participación de toda la comunidad educativa para avanzar en la educación de estos escolares, contando con los profesionales educativos y con las familias, así como tener en cuenta el proceso de dictamen de escolarización para desarrollar mejor sus capacidades y crear el entorno más adecuado para su crecimiento educativo. Además, la propuesta exige a la Junta el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Derechos y la Atención a las personas con Discapacidad.

La parlamentaria de Cs María del Mar Sánchez fue la encargada de defender la iniciativa y en su intervención mostró su preocupación y la de las familias sobre la posible eliminación de los centros de educación especial que atienden a estos niños y niñas, recogiendo así las demandas de la plataforma en torno a la que se han constituido familiares y docentes para defender la continuidad de estos centros y de esta educación específica para los menores.

El grupo parlamentario socialista expresó su respaldo a esta iniciativa por la labor importantísima que realizan dentro del sistema educativo andaluz estos centros y abogó por impulsar la educación inclusiva, que no supone en ningún caso van a desaparecer los centros de educación especial, por lo que mostró su confianza en el compromiso del Gobierno estatal para su continuidad.

El PP-A consideró necesario dotar a los centros de educación especial de los medios necesarios para poder desarrollar su labor adecuadamente y aposto por que la libertad de las familias para decidir si sus hijos necesitan una educación especial o una educación inclusiva, teniendo en cuenta sus peculiaridades, aunque los profesionales también puedan participar en esa decisión.

Adelante Andalucía defendió la universalidad de este tipo de educación para un colectivo con necesidades especiales al tiempo que reivindicó la aportación de los recursos necesarios para garantizar la atención a estos menores. Por su parte desde Vox se puso de manifiesto que la intención de cerrar los centros educación especial con el tiempo demuestra el desinterés del Gobierno estatal socialista por estos niños.

Pese a las discrepancias en sus apreciaciones, la proposición de Cs salió adelante con el apoyo de todos los grupos. Pero no todo fue pacto y entendimiento en la Cámara andaluza ayer. Las iniciativas de la oposición lideradas ayer por los socialistas no prosperaron y se encontraron con el bloqueo de las tres fuerzas del centro-derecha.

La primera de ellas pretendía la creación de un grupo de trabajo en el Parlamento, en el seno de la Comisión de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, para abordar la situación de las personas mayores que viven solas en Andalucía e impulsar propuestas para mejorar su atención. La diputada del PSOE Soledad Pérez alertó de la soledad que en muchos casos acompaña al envejecimiento de la población en Andalucía y que cuentan en numerosas ocasiones con una frágil red de apoyo social y familiar.

Según Pérez, esta situación presenta una diversidad de necesidades que requiere de respuestas múltiples desde las administraciones y denunció que actualmente no son suficientes ni adecuadas, por lo que insistió en la necesidad y urgencia de estudiar mejoras en la atención a este colectivo. La propuesta socialista contó solo con el apoyo de Adelante Andalucía, mientras que el resto de grupos compartieron la necesidad de mejorar la atención y protección de los mayores pero rechazaron la iniciativa argumentando que el nuevo ejecutivo ya trabaja en ello y que el PSOE no hizo nada cuando gobernaba hasta hace poco.

Similares argumentos fueron esgrimidos por PP-A, Cs y Vox para descartar el trámite de otra proposición no de ley socialista sobre la complementariedad del incremento del Salario Mínimo Interprofesional en las iniciativas y servicios financiados por la Junta de Andalucía, que fue defendida por la diputada Noelia Ruiz. En su intervención resaltó la necesidad de llevar la subida histórica a 900 euros de este salario mínimo, aprobada por el Gobierno socialista a nivel nacional, a todos los servicios e iniciativas que sostiene la Junta para dignificar así las condiciones laborales y mejorar dichos servicios. Solo obtuvo el respaldo de Adelante Andalucía, mientras que los demás grupos criticaron el oportunismo de la propuesta y que sea planteada ahora cuando acaban de perder el gobierno de Andalucía.