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Con el eco aún vivo del anuncio por parte de la Junta de la compra de 7.500 hectáreas de Veta La Palma, en el espacio protegido de Doñana, los grupos parlamentarios de la Cámara andaluza recibieron este miércoles la convocatoria para la ponencia de ... la ley por la que se regularizarán regadíos fuera de ordenación en este entorno. Se trata de dos asuntos diferentes y en principios no relacionados entre sí, aunque ambos han encajado en la misma polémica política que desde antes del inicio de la presente legislatura rodea al Parque Nacional.
Así, esta previsto que la semana próxima pueda celebrarse la comisión parlamentaria de Fomento en la que se aprobará el dictamen definitivo de la propuesta de ley -impulsada por el PP y Vox-, que podrá ser incluido en el orden del día del próximo pleno, a finales de este mes, o del siguiente, en la segunda semana de octubre.
En todo caso, la convocatoria confirma que el Grupo Popular, con mayoría absoluta en el Parlamento, no tiene la menor intención de ralentizar, y mucho menos suspender, la tramitación de la norma por la que se estima que unas 700 hectáreas de regadíos fueran de ordenación podrán regularizar su calificación urbanística y con ello tener acceso a agua para riego cuando haya disponibilidad.
Tanto el Gobierno en funciones como el PSOE-A y el resto de la oposición de izquierdas en el Parlamento de Andalucía consideran que existe una contradicción entre la iniciativa de compra de suelo para preservar un humedal primordial en Doñana y la inminente aprobación de la norma que, entienden, pone en peligro el futuro del Parque Nacional.
Es más, la portavoz parlamentaria socialista, Ángeles Férriz, estableció una relación directa entre la convocatoria para seguir adelante con la tramitación de la ley y el anuncio realizado el martes, que en su opinión responde a un «lavado de cara» del Gobierno andaluz. « No vamos a dejar que nos tomen el pelo», dijo Férriz, que reclamó transparencia en la operación relacionada con la compra de Veta La Palma. La portavoz socialista exigió que se haga público el informe técnico que avala la operación y también que se informe con detalle acerca de la procedencia de los fondos con los que se financiará.
Apuntar a una contradicción entre ambas iniciativas políticas ha sido una actitud común en el conjunto de la izquierda parlamentaria. Para la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, toda medida que se tome para favorecer la conservación del parque «no deja de ser una expresión de la mala conciencia de un negacionista que mantiene una batalla contra la ciencia, el sentido común y la conservación del parque», en alusión al presidente de la Junta, Juanma Moreno. La diputada de Adelante Andalucía Maribel Mora se refirió a la operación de Veta La Palma en términos parecidos al calificarla como «un lavadito de cara» que no modifica el problema esencial de que el parque se está secando.
Ni siquiera Vox, que es coproponente de la ley de regadíos, eludió relativizar la importancia de la operación de compra de suelo, a la que su diputado Ricardo López Olea calificó de «truco de magia efectista». El parlamentario dijo que lo principal es garantizar el agua a los agricultores y dijo que ello se podría conseguir destinando esos fondos a las obras pendientes de la presa de Alcolea.
Frente a todas estas críticas, en el PP consideran que Doñana está ante un momento histórico que la oposición se niega a reconocer por su único objetivo de erosionar al Gobierno de la Junta. Su portavoz parlamentario, Toni Martín, aseguró que la adquisición del suelo no sólo permitirá ampliar el Parque Nacional, sino que también garantiza la supervivencia de su biodiversidad. En su opinión, ello debería obligar a pedir perdón a quienes «quisieron embarrar desde la falsedad» al acusar al Ejecutivo andaluz de poner en peligro el futuro del Parque.
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