El Parlamento de Andalucía afronta el nuevo periodo de sesiones atravesado por la confrontación nacional

Los partidos se juegan mucho y a dos semanas del primer pleno con el que se inaugurará el nuevo periodo de sesiones, los dos grupos mayoritarios de la Cámara se encuentran sumergidos en un cruce de acusaciones que puede condicionar seriamente el debate parlamentario y provocar incluso una reforma exprés del reglamento de la Cámara.

La polémica gira en torno a la inclusión en el orden del día de los plenos de declaraciones políticas o tomas de posición relativas a cuestiones que exceden a las competencias autonómicas y da lugar a varias preguntas ¿El debate en el Parlamento de Andalucía debería limitarse a las cuestiones que atañen a sus competencias autonómicas o debe alcanzar también a otros ámbitos? ¿Es legítimo bloquear discusiones en la Cámara que se ciñen a competencias del Gobierno central o los ayuntamientos? ¿Es el Parlamento de Andalucía el lugar adecuado para aprobar resoluciones que no son otra cosa que críticas al Gobierno de Pedro Sánchez o a la alcaldesa de Marbella, por citar los ejemplos que han desencadenado una polémica hasta ahora inédita?

El artículo 171 del reglamento del Parlamento de Andalucía establece que las proposiciones no de ley (PNL) para que la Cámara se posicione en materias de competencia exclusiva del Estado o de la Administración local sólo podrán ser incluidas en el orden del día si se cuenta con el beneplácito de tres grupos de la Cámara o dos tercios de los diputados, es decir 73 parlamentarios. Hasta ahora ese artículo nunca se ha invocado, pero basta con que un grupo lo haga para que el presidente del Parlamento tenga que sacar la calculadora. El PSOE ya ha anunciado que a partir de ahora lo hará.

El PP cuenta con 58 escaños y en el caso más que probable de que sumara a los 14 de Vox para poder incluir en el debate resoluciones críticas con el Gobierno de Sánchez alcanzaría 72, por lo que le faltaría uno. Seguramente no podría contar para ello ni con los diputados socialistas ni con los de Por Andalucía, cuyos partidos integrantes son socios de gobierno del PSOE en Madrid, así que dependería de sumar el apoyo de Adelante Andalucía. Desde este grupo adelantan que su respaldo dependerá del tema a tratar y de que en todo caso deberá mediar una contraprestación parlamentaria.

La necesidad de una mayoría cualificada para debatir cuestiones ajenas al ámbito andaluz, que antes de la reforma de 2005 ya aparecía recogida en el reglamento de la Cámara, sólo fue invocada en un par de ocasiones en el Parlamento y eso sucedió hace más de un cuarto de siglo, durante la corta legislatura de los noventa conocida como la de la pinza.

Aquello fue una excepción a la regla de que el Parlamento puede debatir cualquier cuestión que directa o directamente afecte a los ciudadanos andaluces. Desde el PP recuerdan que en la décima legislatura (2015-2018), la última con un Gobierno socialista en Andalucía, el Parlamento abordó 99 PNL de las que 83 eran críticas al Gobierno de Mariano Rajoy, y que durante años se aprobaron declaraciones sobre asuntos tan ajenos al marco competencial autonómico como la invasión de Irak, la guerra en Siria, la LOGSE o la ley del aborto.

Tras el cambio de signo en la mayoría parlamentaria, que coincidió con la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, la Cámara andaluza pasó a ser una caja de resonancia de las críticas hacia el Gobierno central, sin que ningún grupo invocara el artículo 171, un apartado reglamentario que no encuentra paralelismo en ninguna otra cámara autonómica que hasta ahora nunca se había utilizado.

Todo apunta a que a partir de ahora la situación va a cambiar. El PP tiene registradas 20 PNL para su debate en próximos plenos y en 19 de ellas se propone a la Cámara posicionarse contra medidas adoptadas por el Gobierno de Pedro Sánchez. El PSOE ya ha anunciado que lo impedirá recurriendo a ese artículo del reglamento.

¿Qué ha provocado este cambio de escenario? En las últimas semanas del anterior periodo de sesiones, previo al receso navideño, la relación entre los grupos del PP y del PSOE, que ya se habían tensionado con el nuevo reparto de recursos y espacios físicos en el Parlamento tras la mayoría absoluta del PP, acentuó su desgaste después de que al PSOE se le impidiera presentar una pregunta relacionada con la alcaldesa de Marbella con el argumento de que no correspondía al ámbito autonómico.

Luego sobrevino el inexplicable episodio de que al PSOE se le pasara el plazo para presentar sus alegaciones a los Presupuestos. Los socialistas acusaron al PP de apresurarse a filtrar la noticia en lugar de buscar una solución a ese contratiempo.

Después de aquello, el Grupo Socialista requirió un informe al letrado de la Cámara por la supuesta convocatoria fuera de plazo del pleno en el que se iban a aprobar las cuentas (con la exclusión de sus alegaciones), que según el PSOE comenzó cinco horas antes de lo debido. Ese informe todavía no ha sido emitido y los socialistas no descartan impugnarlo si se les da la razón. Las consecuencias institucionales son imprevisibles.

Una regla no escrita en el Parlamento sostiene que si los portavoces se ponen de acuerdo, el reglamento puede guardarse en un cajón. La situación actual dista de ser esa. En el PSOE reconocen que durante muchos años la entonces oposición del PP no invocó el artículo 171 para impedir que el Parlamento de Andalucía aprobara una tras otra declaraciones contra Rajoy, pero sostienen que a ellos les asiste ese derecho. «Cuando eran oposición no se leyeron el reglamento, nosotros sí», afirman en las filas socialistas.

El PP ha reaccionado con indignación a la amenaza socialista. Su portavoz, Toni Martín, acusa al PSOE de Andalucía de actuar como escudero de Pedro Sánchez y de intentar bloquear el debate parlamentario como nunca se ha hecho. «Van a intentar que no podamos denunciar al Gobierno más antiandaluz de la historia» asegura, y advierte de que no descarta ningún escenario, incluida una reforma del reglamento.

La situación se ha tornado tan difícil de gobernar que el presidente del Parlamento pidió un informe al letrado de la Cámara para conocer si los socialistas pueden cumplir con su advertencia, y la respuesta, contenida en un texto de 24 páginas, apunta a qué sí pueden. En el informe, el letrado pide prudencia a los grupos tanto a la hora de proponer temas de competencia del Estado como de aplicar el artículo 171 y hace un llamamiento al acuerdo político para evitar vías conflictivas que podrían acabar en el Tribunal Constitucional. Un acuerdo que, tal y como está el ambiente parlamentario, parece más que lejano.