El Parlamento aprueba con una amplia mayoría la ley que consagra la participación de sindicatos y empresarios

El otro grupo de la Cámara, Por Andalucía, vio rota su disciplina de voto, ya que los tres parlamentarios de Podemos se abstuvieron mientras que las de Izquierda Unida y Sumar se pronunciaron a favor. No obstante, la posición de esta grupo fue fijada por la portavoz, Inmaculada Nieto, quien hizo una defensa de la norma. La ley salió adelante con 104 votos a favor, 14 en contra y 3 abstenciones. Las enmiendas presentadas por los grupos socialista, Vox y Por Andalucía fueron rechazadas.

La nueva norma, que entrará en vigor con su publicación en el BOJA, permitirá que Andalucía deje de ser la única comunidad autónoma que sin un instrumento legislativo que dé cumplimiento al mandato constitucional de participación. Esta figura también está prevista en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, en la Ley Orgánica de Libertad Sindical y en el Estatuto de los Trabajadores. Con la entrada en vigor de la ley, los agentes sociales y económicos más representativos -CEA, CCOO y UGT- serán obligatoriamente consultados cada vez que se vaya a aprobar una norma de su ámbito, podrán proponer directrices o líneas generales de actuación y participar en su elaboración. También podrán hacer un seguimiento de las i iniciativas legislativas.

La ley también establece que se sostendrá con recursos públicos el coste que suponga para estos agentes sociales la participación en los órganos de los que formen parte para dar cumplimiento a la norma.

En el debate, que fue seguido por los máximos representantes de las tres organizaciones afectadas, la diputada del PP Jessica Trujillo subrayó que con la ley Andalucía cumple con una deuda que mantenía con los agentes sociales, que ahora «van a ocupar la posición que legal y constitucionalmente les corresponde»

Subrayó que el espíritu ha sido el de respetar los acuerdos a los que llegaron la Junta y las tres organizaciones y defendió las indemnizaciones que recibirán estas con el argumento de todas las leyes que se aprueban se defienden con financiación pública. Recordó además que las tres organizaciones son agentes políticos muy relevantes que están constitucionalmente reconocidos.

También la socialista Irene García defendió la aprobación de la norma. Subrayó que para su partido la concertación y el dialogo social siempre han tenido una importancia fundamental para a continuación celebrar que ahora también la tenga para el PP, aunque indicó que esta posición del partido gobernante en Andalucía no está inspirada en la convicción, sino en la conveniencia.

También abogó porque a partir de ahora haya calidad en los acuerdos, más que cantidad, y transparencia para que se cumpla con lo que se firme. También apeló a sindicatos y empresarios para que utilicen la ley para defender los servicios públicos.

Vox y Adelante Andalucía se posicionaron en contra aunque con argumentos contrapuestos. El diputado de Vox Benito Morillo lanzó duras críticas contra los sindicatos y censuró a la Junta por contribuir a financiarlos, mientras que José Ignacio García, de Adelante Andalucía, consideró que la ley es una trampa porque excluye a organizaciones sindicales no mayoritarias.