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El Parlamento de Andalucía cerró ayer el curso político con la aprobación de tres leyes fundamentales para lo que el Gobierno de la Junta considera que debe ser su agenda del cambio. La Cámara dio el visto bueno definitivo a dos normas que entrarán en vigor tan pronto como se publiquen en el BOJA -la Ley de Autoridad del Profesorado y la Ley de Infancia y Adolescencia- y rechazó la enmienda a la totalidad de la LISTA (Ley de Impulso y Sostenibilidad del Territorio de Andalucía), con lo que esa norma inicia el trámite parlamentario, que se desarrollará por vía de urgencia para poder ser aprobada definitivamente antes de fin de año.
La jornada plenaria, que se completará hoy con la segunda parte de la sesión, supuso un impulso a la agenda reformista del Gobierno de Juanma Moreno, que contra lo que suele ser habitual y para resaltar la trascendencia de las normas aprobadas, estuvo presente durante toda la sesión, que se prolongó durante más de siete horas.
Moreno, que poco antes del inicio del pleno se reunió con el grupo parlamentario del Partido Popular, destacó la importancia de las leyes aprobadas y adelantó que durante el próximo curso parlamentario, que se iniciará en septiembre y será el último de la presente legislatura, el Consejo de Gobierno seguirá impulsando leyes para completar su agenda reformista, entre las que destacó la reforma fiscal y la Ley de Economía Circular.
El presidente destacó lo que calificó de «diálogo transversal» de su gobierno para llegar a grandes acuerdos con toda las fuerzas políticas, y ése fue uno de los aspectos más destacados de la jornada de ayer, ya que tanto las dos normas aprobadas de manera definitiva como el rechazo a la enmienda a la totalidad de la LISTA, que permitirá la tramitación de la ley, salieron adelante tras acuerdos con los diferentes grupos. La geometría parlamentaria dio lugar a que en cada una de las normas los partidos del Gobierno encontraran apoyos en mayorías construidas con diferentes piezas.
Para la LISTA, el PP y Ciudadanos contaron con el respaldo de su socio parlamentario, Vox, y la abstención del PSOE, que en mayo había votado la enmienda a la totalidad; para la Ley de Reconocimiento de la Autoridad del Profesorado, además de los dos grupos del Gobierno votaron a favor el PSOE y Vox, mientras que Unidas Podemos se abstuvo, y la Ley de Infancia y Adolescencia fue respaldada por PSOE y Unidas Podemos, mientras que Vox votó en contra.
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Moreno defendió la capacidad de su gobierno para llegar a grandes acuerdos con todas las fuerzas políticas, y confió en que el PSOE-A «haya reflexionado y entienda que por encima de cualquier sigla política y de las trincheras ideológicas está el bienestar de los andaluces».
Sobre la LISTA, destacó que se trata de un texto «clave para ordenar nuestro territorio y un revulsivo económico para muchísimos municipios, gobernados por alcaldes de todas las ideologías, cuyo desarrollo económico se veía hasta ahora limitado por las leyes de los antiguos gobiernos socialistas».
El texto superó la enmienda a la totalidad presentada por Unidas Podemos por Andalucía, que a diferencia de los sucedido en mayo, cuando la ley no pudo superar ese obstáculo, se quedó en la votación sólo con el respaldo de los diputados no adscritos escindidos de su grupo. El PSOE, que en aquella ocasión se pronunció a favor, mudó ayer su voto a la abstención, mientras que Vox, que entonces se apartó para abstenerse y propiciar de esa manera una derrota del Gobierno de la Junta para mostrar su desacuerdo con la Junta por otro motivo, el acogimiento a menores inmigrantes no acompañados, votó en esta ocasión con sus socios parlamentarios. La enmienda a la totalidad presentada por Unidas Podemos no salió adelante al cosechar 18 votos afirmativos, 58 en contra y 33 abstenciones.
De esta forma, se comenzará a tramitar una ley que según la consejera de Ordenación del Territorio, Marifran Carazo, es fundamental para afrontar la recuperación económica en el escenario posterior a la pandemia. La consejera esgrimió un manifiesto presentado por una treintena de asociaciones empresariales y asociaciones profesionales que respaldan el contenido de la ley con un decálogo que hace referencia a que aporta simplificación en los trámites, seguridad jurídica y reducción de los plazos. En el decálogo también se citan como aportaciones positivas de la ley el impulso a la cohesión territorial, el favorecimiento del desarrollo rural al impedir la despoblación, el refuerzo de la discplina urbanística, el impulso de medidas como planes especiales, la digitalización en la administración urbanística y la colaboración público privada.
A la norma le queda ahora por delante la tramitación parlamentaria. El candidato socialista, Juan Espadas, advirtió antes de iniciarse el debate que el PP deberá elegir si acuerda con Vox o lo hace con el PSOE para sacar adelante el texto.
Asimismo, se aprobó el proyecto de Ley de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado, que refuerza la figura del docente como pilar fundamental del sistema educativo con la finalidad de propiciar un adecuado clima de convivencia en los centros docentes.
La norma fue respaldada por todos los grupos parlamentarios a excepción de Unidas Podemos por Andalucía, que se abstuvo, y los diputados no adscritos de Adelante Andalucía que lidera Teresa Rodríguez, que votaron en contra.
La nueva ley contempla la condición de autoridad pública del profesorado y refleja los derechos que asisten a los docentes del Sistema Educativo Público de Andalucía.
La última norma en aprobarse, la Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía, persigue como objetivos atender tanto a las necesidades que ya venían existiendo, como a las que han ido surgiendo en tiempos más recientes e incorpora la regulación de los derechos y deberes que asisten a las personas menores de edad. También crea un órgano de participación de la infancia y adolescencia, el Consejo Andaluz de Niñas, Niños y Adolescentes.
La consejera de Igualdad, Rocío Ruiz valoró que Andalucía vaya a contar con una ley «honesta, pionera e imprescindible, que es el mejor texto legal posible para que esta comunidad sea un referente en la protección de los derechos de los niños y adolescentes».
La consejera destacó que se trata de una norma construida desde el acuerdo, «Las grandes leyes se hacen con consensos», dijo Ruiz, tras celebrar «la altura humana moral y política de este Parlamento».
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