Al principio son como un laberinto. Conseguir no perderse en los fríos pasillos del Parlamento de Andalucía lleva unos días. Comprender el sentido de las ... conspiraciones que allí se cuecen, con decisiones a primera vista incomprensibles, requiere de algo más de tiempo.

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En el Parlamento se deciden cuestiones que acaban afectando de una u otra manera a ciudadanos de toda condición. Incluidos aquellos a quienes la política les resulta ajena como a un millenial la ya centenaria pugna entre comunistas y trotskistas, una pelea que ha sobrevivido, enorme paradoja, a la desaparición del comunismo.

Mucho de esa pugna ideológica difícil de descifrar hubo en la ruptura en el seno de Adelante Andalucía que llevó hace unos meses a la expulsión de la mayoría de los miembros de su grupo parlamentario, liderada por Teresa Rodríguez, y que en esta semana ha alcanzado su más alta estatura institucional con la reforma del reglamento de la Cámara.

La Mesa del Parlamento acordó por unanimidad de todos los grupos con la única abstención de Vox llevar al pleno la adaptación al pacto antitransfuguismo de la norma por la que se debe regir la cámara autonómica. Así, los diputados que abandonen la formación por la que fueron votados, no podrán recibir privilegios, ni los grupos políticos padecerán un menoscabo de derechos tras sufrir una deserción que merme su número de miembros.

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Eso se traduce en dos cuestiones: la representación en las comisiones y las asignaciones presupuestarias. Ambas, según el nuevo reglamento, se deberán fijar según el número original de diputados . Para la representación a la que ha quedado reducida Adelante Andalucía -con ocho de sus 17 miembros originales, seis de ellos pertenecientes a Izquierda Unida y los otros dos aún leales a Teresa Rodríguez pero que inexplicablemente no han sido aún apartados-, se trata de una cuestión fundamental. Con las normas actuales, su asignación anual es de menos de 800.000 euros; con el nuevo reglamento, que no será aprobado por el pleno seguramente hasta su sesión de abril, más del doble. Aunque alejada de los 3,2 millones que reciben los socialistas; los 2,5 millones del PP, los dos millones de Ciudadanos o el millón de Vox, se trata de una cantidad importante. Los partidos encuentran en la subvención a sus parlamentarios los fondos para funcionar, contratar asesores y mantener estructuras. Sin ese oxígeno no respiran.

No se trata de una cuestión meramente económica, ni de una supuesta dicotomía entre la política y el dinero por la que suelen colarse los discursos del populismo antipolítica. Tal dicotomía no existe. Sin dinero, las posibilidades de hacer política languidecen. Ahogar financieramente a quien se ha convertido en adversario o, mejor dicho, enemigo que pugna por el mismo espacio, es un objetivo tan político como derrotarlo en un debate o en una votación.

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¿Por qué el resto de los partidos se ha metido en esta disputa en el seno del espacio a la izquierda del PSOE hasta el punto de aprobar una reforma del reglamento? Se esgrimen varios motivos. El primero es que no se ha hecho más que llevar al Parlamento de Andalucía un consenso ya plasmado a nivel nacional en el pacto antitransfuguismo. El segundo es que ante una situación inédita en el Parlamento (casi el 10 por ciento de sus miembros en situación de no adscritos) es necesario fijar unas reglas que permitan que la cámara siga funcionando con normalidad y no se paralice con recursos y contrarrecursos. El tercero es incluso mas sencillo: ningún grupo está a salvo de sufrir episodios de travestismo político y es oportuno blindarse.

La gran paradoja es que el mismo día en el que la Mesa acordó llevar al pleno la reforma del reglamento se aprobaron las subvenciones para los gastos de los grupos y se aplicó el antiguo criterio, por el que Adelante recibirá, al menos hasta abril, la mitad de lo que venía percibiendo. Esta contradicción tiene seguramente una explicación que de momento permanece oculta en alguno de esos fríos e inexpugnables pasillos parlamentarios.

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