El Pacto de Doñana entra en su fase decisiva cercado por la desconfianza mutua en plena campaña electoral

En concreto, y como la medida estrella del acuerdo, establece ayudas para quienes abandonen la actividad agrícola y opten por reforestar, con un total de 100.000 euros por hectárea a razón de 10.000 por año durante una década. El Gobierno aporta el 70 por ciento de esta cantidad; la Junta de Andalucía, el 20 por ciento y la Diputación de Huelva, el 10 por ciento restante. Además, ofrece alternativas con ayudas menores para los que conviertan sus explotaciones a secano y a quienes lo hagan a agricultura ecológica.

Esta fórmula fue la solución que se encontró para los agricultores excluidos del Plan de la Fresa aprobado en 2014, es decir, quienes quedaron sin derechos de riego a pesar de que en el momento de su aprobación estaban desarrollando la actividad agrícola. El pacto no les permite regularizar su situación, habida cuenta de que se considera que el acuífero está sobreexplotado, lo que pone en peligro el futuro del Parque Nacional, pero sí les ofrece la posibilidad de una compensación por el abandono de la actividad.

Sin embargo, la aparición en un documento del Ministerio de una condición que establece como únicos beneficiarios de estas compensaciones a quienes sí tienen derechos consolidados de riego, pareció excluir del acuerdo a quienes fueron objeto principal del mismo. Al parecer todo se ha debido a un error, pero el episodio es una prueba de la desconfianza con la que todavía se miran las partes, potenciada en una campaña electoral que tiene a la titular del Transición Ecológica como una de sus protagonistas principales, ya que encabeza la lista del PSOE.

El consejero de Sostenibilidad y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, reveló el pasado martes, tras ser consultado por el desarrollo del pacto, que el día anterior tenía prevista una reunión de seguimiento con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. El encuentro fue suspendido –según la versión del Ministerio, tuvo que reprogramarse debido al cambio en la Consejería por la salida de Carmen Crespo, que va como candidata del PP- y Morán se comprometió a convocarla lo antes posible.

La texto que ha levantado la polémica, y que no figuraba en el pacto suscrito entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía, aparece en un documento distribuido por el Ministerio el pasado 13 de mayo, cuando la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, se desplazó a Sevilla para firmar con los 14 ayuntamientos de la zona las ayudas concedidas a las instituciones municipales. El documento se denomina 'Marco de actuaciones para el desarrollo territorial sostenible del área de influencia del espacio natural de Doñana' y está actualizado en mayo de este año

En el apartado referido a la diversificación agraria, el documento menciona una condición para las ayudas que se concederán a los titulares de explotación con finalidad de renaturalización, nuevas superficies de cultivos de secano y reconversión hacia la producción ecológica. Allí se cita como requisito para la recepción de estas ayudas que los beneficiarios deberán acreditar, además de la titularidad de las explotaciones agrícolas, derechos reconocidos para el uso de agua durante al menos los últimos cinco años.

Esta condición no aparecía en el acuerdo original y afectaría al núcleo del acuerdo, ya que todo el conflicto se inició cuando se impulsó en el Parlamento de Andalucía una iniciativa parlamentaria para regularizar la situación de quienes habían quedado fuera del Plan de la Fresa de 2014, que precisamente concedía esos permisos de agua. En aquel momento, el Gobierno andaluz puso como condición para la retirada de la iniciativa que se llegara a una solución que diera respuesta a estas situaciones.

Esta condición sobrevenida, de la que la Junta no tenía noticias, según explican fuentes del Gobierno andaluz, pone en cuestión el fondo del pacto y el objeto central por el que fue firmado. El Gobierno andaluz advirtió de que si no hay soluciones para los agricultores, entenderá que el Pacto por Doñana se estaría quebrantando.

Sin embargo, desde el Gobierno de España se asegura que el texto que ha levantado esta polémica forma parte de un documento ya superado y que el modelo que se está avanzando con la información obtenida no considera esa variable. De hecho, el documento colgado en la página web del Ministerio señala que como única condición, los solicitantes deberán acreditar su condición de titulares de las explotaciones. El requisito de los cinco años ha sido eliminado.

El pasado martes, Fernández-Pacheco aseguró que la Junta hubiese preferido que la ejecución del Pacto se iniciara por la concesión de ayudas los agricultores, y no a los ayuntamientos como finalmente ha sido. Advirtió de que la Junta no va a aceptar ningún marco de actuación que no solucione la situación de los agricultores afectados.

Las bases para la concesión de las ayudas aún no han sido publicadas.