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josé luis piedra
Sábado, 4 de abril 2020, 19:59
Las principales organizaciones ecologistas de Andalucía han anunciado que apoyan la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva la comunidad aprobado esta semana por el Parlamento por promover una «desregulación ambiental en toda regla que reduce las garantías en esta materia de las normas andaluzas».
Todos los colectivos conservaciones critican en un comunicado que el Gobierno andaluz que conforman PP-A y Ciuidadanos ha aprovechado la actual situación de excepcionalidad para convalidar en la Diputación Permanente de la Cámara una norma por la que se «desregulan numerosas actividades económica, reduciendo la participación pública y eliminando garantías ambientales,«
Las organizaciones ecologistas Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF alertan en un comunicado que es «un auténtico despropósito que, con el argumento de agilizar trámites administrativos para reducir el impacto socioeconómico del Brexit y de la pandemia del coronavirus, la Junta de Andalucía cambie 21 leyes y seis decretos a través de una convalidación con un reducido número de parlamentarios a causa de la cuarentena».
A juicio de estos colectivos, «la mayoría de estas modificaciones reducen el papel de la administración pública en la defensa y salvaguarda de la naturaleza y los derechos sociales y nada tienen que ver con una pretendida simplificación de trámites burocráticos«.
Además, advierten que «estos cambios legislativos pueden provocar importantes daños ambientales y territoriales y fomentar la especulación urbanística, afectando también a otros sectores sociales y económicos, reeditando así el modelo económico imperante durante los años de la burbuja especulativa que llevó a España a la crisis de 2008«.
Los ecologistas sostienen que este decreto «permite el todo vale» y consideran que «desregulando procesos no se garantizan el buen funcionamiento de actividades y proyectos, ni eliminando cautelas bajo el pretexto de agilizar plazos, ni tampoco eludiendo procesos de participación pública, incluso en contra de los objetivos de leyes estatales y directivas comunitarias y, en definitiva, permitiendo el todo vale».
Para Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, «si las formas y el momento de la aprobación son inaceptables, mucho más lo es el contenido del decreto, representativo de la forma en que el actual Gobierno andaluza entiende la crisis», por lo que muestran su respaldo a PSOE y Adelante Andalucía en su pretensión de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra esta norma.
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