El órdago catalán que agita el debate andaluz

La comunidad catalana ha entrado en campaña electoral y el tema de la financiación va a formar una parte esencial de la puja política. El nacionalismo tiene una aspiración de máximos: salirse del sistema y sumarse, con las dos comunidades forales, al selecto grupo de las que patrimonializan el cobro del 100 por cien de sus impuestos y deciden el destino de los fondos.

Ante esta postura, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, respondió este jueves en el Parlamento que la pretensión del presidente catalán rompe la cohesión y la solidaridad territorial y supone un chantaje tras haber conseguido del Gobierno otros privilegios como la aprobación de la ley de amnistía o la publicación de los flujos financieros de las comunidades para elaborar las balanzas fiscales.

España adelantó una oposición frontal de la Junta a esta propuesta, que en su opinión ataca a Andalucía y a los españoles, una posición que, dijo, es la que debería tener el Gobierno de Pedro Sánchez.

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, a quien el PP acusa de haberse plegado a la posición del presidente del Gobierno, ha tomado distancia del reclamo de Aragonés con una propuesta hasta ahora inédita: una respuesta conjunta de las comunidades gobernadas por el PP y el PSOE. «Seremos más fuertes si al menos las comunidades que estamos gobernadas por el PSOE o el PP pudiéramos avanzar al menos en algún acuerdo», dijo Espadas, para quien no cabe bilateralidad sin analizar la opinión del resto de comunidades autónomas. En su opinión, es necesario un modelo de financiación autonómica nuevo, «pero para todos no sólo para Cataluña».

El secretario general socialista cree que Andalucía tiene la ventaja de contar ya con una propuesta de modelo de financiación, la aprobada por una resolución del Parlamento que contó con el apoyo del PSOE, el PP y los grupos de la izquierda, y eso se debería aprovechar para que el debate que se tiene que producir entre territorios «también sea un debate entre partidos».

Pese a esa posición compartida, hay una cuestión que separa a populares y socialistas en este debate. La Junta y el PP andaluz consideran que el asunto tiene que ser abordado por las comunidades autonómas en alguno de los marcos institucionales ya establecidos, como el Consejo de Presidentes o el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Para el PSOE y el Gobierno central, sin embargo, debe existir previamente un acuerdo entre los dos grandes partidos. Los socialistas inciden en que en el PP, que gobierna en la mayor parte de las comunidades, no hay una posición común, lo que dificulta que se pueda alcanzar el consenso necesario para adoptar un nuevo sistema.

Pero hay otra cuestión que separa a ambos partidos no formalmente, sino en la práctica: la creación de un fondo transitorio de compensación que permita a las cuatro comunidades infrafinanciadas -Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla la Mancha- a recibir los fondos que nivelen sus ingresos por habitantes con la media española.

La Junta viene reclamando esta medida en solitario, por lo que el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, considera que la nueva posición de Espadas no es sincera. «Si realmente quiere defender los intereses de Andalucía con tanta urgencia, que diga sí a un fondo transitorio de nivelación que permita a nuestra tierra recuperar los 15.000 millones que hemos perdido por un sistema tremendamente injusto», dijo en un comunicado de respuesta al líder socialista.