La oposición a Susana Díaz calienta el debate de hoy con denuncias de irregularidades en la Junta

La vicesecretaria de Sociedad del Bienestar del PP andaluz, Ana Mestre, fue quien soltó la primera bomba en la mañana al denunciar que empleados de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), agencia pública de la Consejería de Empleo ya extinta, utilizaron hace seis años tarjetas opacas, llamándolas 'tarjetas black', en alusión al escándalo de Bankia. Mestre dijo: «Las tarjetas black de la Junta se usaron para pagar servicios de un club de alterne», según recoge Efe.

Mestre basa esta afirmación en la declaración que tomó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al propietario de un club de alterne de la capital sevillana, en el marco de las diligencias sobre el caso de los cursos de formación, acta que después se incorporó a la pieza separada de las presuntas irregularidades en la Faffe. En dicha acta del interrogatorio no se recoge ninguna referencia a la Faffe y tampoco a la Junta de Andalucía o alguno de sus empleados, según ha podido ver este periódico de la documentación remitida por el PP. El interrogatorio versa sobre el modo de cobro del club y a qué se dedica este. «La Guardia Civil no llama a cualquier empresario a declarar; lo hace por algún motivo, porque tiene indicios», concluye Mestre para dar credibilidad.

El consejero de Empleo, Javier Carnero, ni desmintió ni confirmó lo del pago del club de alterne. Se limitó a informar que se trata de una sola tarjeta y no es opaca, sino una habitual de crédito adscrita al directivo al mando de la antigua fundación de Empleo, que en el tiempo investigado correspondió a Fernando Villén. Añadió que las liquidaciones de la tarjeta desde 2008 a 2010 suman 1.563 euros y desglosó esta cantidad de la siguiente forma: 359 euros en 2008; 607 euros en 2009; y 597 euros en 2010.

Sobre el morboso asunto del pago con ella de un club de alterne, afirmó que eso son afirmaciones de un partido y tendrá que ser «ese partido» (por el PP) el que tenga que demostrarlo o el juzgado el que tenga que «dirimir» si es cierto o no. «Este consejero hace lo que es su obligación, colaborar con el juzgado», reiteró varias veces.

Ana Mestre pidió a Susana Díaz que dé explicaciones sobre este asunto y que diga cuántas «VISA opacas» hay, quiénes las han usado, qué movimientos han tenido y qué se ha pagado con ellas, lo que parece un avance en toda regla de las preguntas que puede lanzar hoy su jefe político, Juanma Moreno, cuando comparezca en el debate con la presidenta. «No estamos hablando de multitud de tarjetas de cualquier tipo de color, como dice de forma casi apocalíptica el PP, sino que estamos hablando de una tarjeta», recalcó el portavoz del Gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco, al ser preguntado tras el Consejo de Gobierno.

El coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, lleva semanas denunciando el «beneficio ilícito» de las clínicas Pascual, concertadas con la Junta. Incluso peleó con la presidenta sobre ello en una sesión de control. Pero fue ayer, víspera del debate, cuando lanzó que acudirá a la Fiscalía para que investigue si hay delito en ese beneficio de 164 millones de euros por la «inacción del Gobierno andaluz».

El portavoz de la Junta resumió el ambiente de la siguiente forma: «Lo que tenemos ahora mismo es a un partido denunciando en la Fiscalía; a otro partido, que es Podemos, que ha montado una campaña en los medios y las redes sociales para denunciar el apocalipsis sanitario, y al PP que sigue en su intento de denunciar -día a día- la sanidad, en este caso hablando sobre los salarios de los médicos».